El turno de la Corte

Por Armando Ríos Piter
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El día de ayer se llevaron a cabo amplias movilizaciones y marchas con la participación de miles de personas que manifestaron su defensa al Instituto Nacional Electoral (INE), así como su rechazo al llamado “plan B” que ha impulsado el presidente López Obrador en materia comicial. Las fotos de aglomeraciones en distintas partes —más de 100 ciudades de México y el extranjero, según los organizadores— dieron muestra de una fuerte convocatoria. Fotografías del Zócalo capitalino con la presencia de unas 200 mil personas, así como en muchas plazas del país, se “viralizaron” en las redes sociales.

Al iniciar el mes de febrero, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió, respecto a estos cambios legales, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver su constitucionalidad para el mes de junio, antes del inicio de los procesos electorales. Cabe señalar que, al día de hoy, la reforma electoral impulsada por el gobierno enfrenta un alud de recursos: juicios de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad presentados por los partidos de oposición y dos más que plantearon los legisladores. Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó una controversia constitucional contra las reformas en materia de propaganda gubernamental aprobadas recientemente.

Una acción de inconstitucionalidad es un “mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico aquellas normas generales que sean contrarias a la Constitución”. Por otro lado, una controversia constitucional es el “el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales o por cualquier tipo de violación a la Constitución federal”. Por último, el recurso de amparo se interpone “en contra del funcionario o autoridad que ordene el acto que se presume violatorio de la Constitución política”. En resumen, la Corte deberá resolver si lo aprobado por Morena y sus aliados contraviene o no el acuerdo fundamental que representa nuestra Carta Magna.

El ministro Alberto Pérez Dayán ha asegurado que, en su experiencia, ninguna reforma de ley había sido tan impugnada como la primera parte del llamado “plan B”. Por su parte, AMLO ha declarado que “el que haya reformas a las leyes y se impugnen, (que) se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política y un verdadero Estado de derecho”.

Nuestra historia da muestra clara de episodios donde la ausencia de un amplio consenso en los mecanismos para la sucesión del poder ha devenido en caos, confrontación e incluso violencia. Por esta razón, en las últimas décadas siempre se buscó que los cambios electorales contaran por lo menos con una mayoría calificada, de dos terceras partes de los votos, aunque preferentemente con la unanimidad de ellos.

Toca el turno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de velar por el cumplimiento del pacto jurídico que da razón de ser a la convivencia social en materia electoral. Es fundamental que los once ministros y ministras que la integran tomen en cuenta que, con su presencia en las calles, miles de personas manifestaron su rechazo a lo avalado recientemente por el Poder Legislativo. Esta gente representa —según las encuestas más recientes— por lo menos a la mitad de la población, que mantiene su aprobación al desempeño del árbitro electoral con el marco legal vigente.

Sirvan estas consideraciones para recordar que la obligación del Poder Judicial es resolver los conflictos y evitar que éstos se profundicen con sus resoluciones. La esencia del acuerdo constitucional está en juego. En un escenario de polarización como el que hoy vivimos, los integrantes del máximo órgano jurisdiccional serán responsables, mediante su voto, de la convivencia armónica de millones de mexicanos. La #SociedadHorizontal habrá de reclamarles templanza y compromiso histórico ante una decisión tan trascendente.

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