Jair FigueroaSan Luis Potosí, S.L.P.— El acceso permanente al agua limpia y segura debe entenderse como un derecho fundamental y como una condición indispensable para proteger la salud, fortalecer las actividades productivas y favorecer el desarrollo de las comunidades de San Luis Potosí, señaló Gerardo Sánchez Zumaya, coordinador estatal de Afiliación del Partido del Trabajo.
Durante un encuentro de diálogo comunitario con militantes, simpatizantes y ciudadanos, Sánchez Zumaya habló sobre la necesidad de construir un diagnóstico que permita conocer las diferentes problemáticas relacionadas con el abastecimiento, la calidad y la distribución del agua en las cuatro regiones del estado.
El coordinador explicó que la situación hídrica no puede abordarse mediante acciones aisladas o respuestas temporales. Consideró necesario analizar las condiciones de las redes de distribución, las fuentes disponibles, las pérdidas ocasionadas por fugas, los sistemas de captación de lluvia y las alternativas para reutilizar el agua en actividades agrícolas e industriales.
“El agua segura no puede ser un privilegio; es un derecho humano que define la calidad de vida de nuestras familias y el futuro de nuestras tierras. Resolver este desafío estructural requiere voluntad, planeación y una visión clara que ponga el bienestar de la gente como prioridad”, expresó Sánchez Zumaya.
De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, las necesidades no son iguales en todo el territorio potosino. Mientras algunas zonas urbanas enfrentan interrupciones del suministro, baja presión o deterioro de las redes, diferentes localidades rurales y comunidades apartadas deben resolver diariamente dificultades relacionadas con el traslado, almacenamiento y acceso al recurso.
Ante estas diferencias, Sánchez Zumaya planteó tres líneas generales para orientar el análisis social: la modernización de la infraestructura hidráulica, el impulso de una cultura de aprovechamiento y captación, y el establecimiento de mecanismos que favorezcan una distribución más equitativa.
Modernizar las redes para reducir las fugas
La primera línea se concentra en revisar las condiciones de la infraestructura encargada de conducir el agua hasta los hogares, comercios, escuelas, centros de salud y espacios productivos.
Sánchez Zumaya señaló que las fugas representan uno de los principales desafíos para el aprovechamiento responsable del recurso, pues una parte del agua puede perderse antes de llegar a su destino. Por ello, consideró importante identificar los puntos de mayor deterioro y definir prioridades de mantenimiento, rehabilitación y sustitución.
Explicó que no se trata únicamente de ampliar la infraestructura, sino de conservar adecuadamente la que ya existe. Una red moderna, acompañada de sistemas de supervisión, permitiría detectar fallas con mayor rapidez, reducir las pérdidas y mejorar la continuidad del suministro.
El coordinador agregó que cualquier ejercicio de planeación debe considerar tanto las redes urbanas como los sistemas comunitarios y rurales. Las localidades alejadas, afirmó, también requieren infraestructura funcional, materiales adecuados y mecanismos de mantenimiento que puedan operar de acuerdo con sus características y necesidades.
En este punto, destacó la importancia de escuchar a quienes viven diariamente las afectaciones. Los testimonios de las familias pueden ayudar a identificar horarios de mayor escasez, interrupciones recurrentes, cambios en la calidad del agua y zonas donde las fugas permanecen durante largos periodos sin recibir atención.
Captación de lluvia y aprovechamiento responsable
La segunda línea expuesta durante el encuentro fue la promoción de una cultura orientada al cuidado y aprovechamiento responsable del agua. Sánchez Zumaya sostuvo que la participación social es importante, pero aclaró que la responsabilidad no puede trasladarse exclusivamente a las familias.
Además de las acciones domésticas para evitar el desperdicio, consideró necesario analizar sistemas técnicos de captación de agua de lluvia que puedan utilizarse en viviendas, escuelas, edificios, comunidades rurales y unidades productivas.
Estos mecanismos tendrían que diseñarse de acuerdo con las condiciones de cada zona, contemplando la capacidad de almacenamiento, el mantenimiento de los depósitos y el uso que se dará al agua recolectada. También sería necesario establecer medidas para conservar su calidad y prevenir riesgos sanitarios.
Sánchez Zumaya mencionó que el tratamiento y la reutilización del agua pueden representar alternativas para determinadas actividades agrícolas e industriales. El aprovechamiento de agua tratada en procesos que no requieren líquido potable ayudaría a disminuir la presión sobre las fuentes destinadas al consumo humano.
No obstante, señaló que estas alternativas deben desarrollarse con criterios técnicos, supervisión adecuada y respeto a las normas sanitarias y ambientales. La reutilización, puntualizó, debe garantizar seguridad para las personas, los cultivos, los ecosistemas y las actividades económicas.
El coordinador estatal consideró que la educación sobre el cuidado del agua debe comenzar desde los hogares y las escuelas, pero también involucrar a empresas, organismos operadores, instituciones y sectores productivos. La protección del recurso, afirmó, requiere responsabilidades compartidas y acciones coordinadas.
Distribución equitativa en las cuatro regiones
La tercera línea se refiere a la distribución continua y segura del agua, particularmente en las comunidades que enfrentan mayores dificultades de acceso.
Sánchez Zumaya manifestó que el lugar de residencia o la distancia respecto de las zonas urbanas no debe determinar la posibilidad de contar con agua segura. Las comunidades de la Huasteca, el Altiplano, la Zona Media y la región Centro presentan condiciones territoriales, climáticas y sociales diferentes, por lo que las soluciones deben construirse con un enfoque regional.
Entre los aspectos que podrían analizarse se encuentran las rutas y mecanismos de abastecimiento, la capacidad de almacenamiento comunitario, la atención de emergencias y el funcionamiento de las fuentes locales. El objetivo sería contar con información suficiente para reconocer las zonas con mayores necesidades y evaluar alternativas adecuadas para cada caso.
El coordinador explicó que garantizar el suministro no significa solamente hacer llegar determinada cantidad de agua. También es indispensable revisar su calidad, porque el acceso a un líquido contaminado o inadecuado para el consumo puede representar un riesgo para la salud de las familias.
Por esa razón, planteó la importancia de fortalecer los mecanismos de revisión y compartir información clara con la población sobre la calidad del agua, las medidas de almacenamiento y las recomendaciones que deben seguirse cuando se detecte alguna alteración.
Un diagnóstico construido mediante la participación social
Durante el encuentro, Sánchez Zumaya aclaró que las líneas expuestas son puntos de análisis y no constituyen un programa gubernamental ni una plataforma electoral. Indicó que el propósito del diálogo comunitario es escuchar experiencias, identificar problemas y reunir elementos que permitan comprender la dimensión del desafío hídrico en San Luis Potosí.
Asimismo, señaló que las posibles alternativas deben revisarse con la participación de especialistas, comunidades, productores, trabajadores, instituciones educativas y sectores económicos. Una problemática de esta magnitud, dijo, requiere información verificable y conocimiento técnico, además de la experiencia directa de quienes enfrentan las deficiencias del servicio.
Sánchez Zumaya sostuvo que la protección del agua debe mantenerse como una responsabilidad permanente y no solamente como una reacción frente a los periodos de escasez. La planeación de largo plazo permitiría anticipar riesgos, cuidar las fuentes disponibles y establecer prioridades para el mantenimiento de la infraestructura.
Al concluir el encuentro, reiteró que continuará participando en espacios de diálogo con distintos sectores de la sociedad para recopilar planteamientos sobre el acceso al agua y otras necesidades comunitarias.
“El futuro de San Luis Potosí depende también de la manera en que cuidemos, distribuyamos y aprovechemos el agua. Escuchar a la población y conocer las condiciones de cada región es indispensable para construir un diagnóstico serio, responsable y útil”, concluyó Gerardo Sánchez Zumaya.