Jair FigueroaSan Luis Potosí, S.L.P.— La recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones requiere combatir las malas prácticas administrativas, transparentar el uso de los recursos públicos y simplificar la relación entre las autoridades y la población, señaló Gerardo Sánchez Zumaya, coordinador estatal de Afiliación del Partido del Trabajo en San Luis Potosí.
Durante una mesa de trabajo e intercambio de ideas con ciudadanos, Sánchez Zumaya expuso la necesidad de analizar los factores que generan distanciamiento, desconfianza e inconformidad hacia las instituciones públicas. Consideró que la complejidad de los trámites, la falta de información y la percepción de opacidad pueden afectar la relación de la ciudadanía con las autoridades.
El coordinador estatal sostuvo que la modernización gubernamental no debe limitarse a incorporar nuevas tecnologías, sino que debe traducirse en procedimientos más sencillos, información accesible y mecanismos permanentes para conocer cómo se toman las decisiones y en qué se utilizan los recursos públicos.
“La honestidad y la sencillez no deben ser excepciones, sino la regla en el servicio público. Un gobierno que reduce sus procesos, que habla de frente y que rinde cuentas claras de manera constante es un gobierno que realmente camina al lado de las familias”, expresó Sánchez Zumaya.
Durante el encuentro fueron presentados tres ejes generales para orientar el análisis: el fortalecimiento de la transparencia y la fiscalización, la simplificación y digitalización de los trámites gubernamentales, y la revisión del gasto operativo bajo criterios de responsabilidad y austeridad.
Transparencia para conocer el destino de los recursos
El primer eje se relaciona con la necesidad de fortalecer los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede consultar cómo se administran y aplican los recursos públicos.
Sánchez Zumaya señaló que la transparencia debe ofrecer información comprensible, actualizada y accesible. Publicar una gran cantidad de documentos, explicó, no necesariamente significa que la población pueda entenderlos o utilizarlos para evaluar el desempeño de una institución.
Por ello, planteó analizar la creación o fortalecimiento de plataformas digitales que permitan consultar presupuestos, contratos, adquisiciones, avances de proyectos y resultados de auditorías. La información, indicó, tendría que presentarse de una forma clara, ordenada y fácil de localizar.
El coordinador consideró que las auditorías y revisiones deben servir no solamente para detectar posibles irregularidades, sino también para prevenirlas y corregir oportunamente las fallas administrativas. Además, señaló que los resultados de estos procedimientos deben darse a conocer de manera sencilla para que la ciudadanía pueda comprender qué se revisó, cuáles fueron las observaciones y cómo se atendieron.
Agregó que combatir la opacidad también implica establecer responsabilidades cuando existan conductas contrarias a la ley. La rendición de cuentas, sostuvo, debe funcionar como una práctica permanente y no únicamente como una reacción ante denuncias o señalamientos públicos.
En este sentido, manifestó que la confianza no puede solicitarse mediante discursos, sino que debe construirse con información verificable, decisiones explicadas y resultados que puedan ser evaluados por la sociedad.
Trámites más sencillos y sin intermediarios
El segundo eje presentado durante la mesa de trabajo fue la simplificación y digitalización de los trámites gubernamentales.
Sánchez Zumaya explicó que los procedimientos largos, confusos o repetitivos afectan principalmente a las personas que deben trasladarse varias veces a una oficina, perder horas laborales o presentar los mismos documentos ante diferentes dependencias.
Esta complejidad, añadió, también puede propiciar la aparición de intermediarios o prácticas indebidas para acelerar un trámite. Por esa razón, consideró necesario revisar los requisitos, eliminar pasos innecesarios y establecer mecanismos que permitan conocer el estado de cada solicitud.
La incorporación de herramientas digitales podría facilitar la realización de pagos, la entrega de documentos, la programación de citas y el seguimiento de trámites. Sin embargo, Sánchez Zumaya advirtió que la modernización debe incluir alternativas presenciales para quienes no tienen acceso a internet o carecen de conocimientos suficientes para utilizar una plataforma.
Un gobierno sencillo, explicó, no es aquel que deja de cumplir sus responsabilidades, sino el que organiza sus procesos para atender a la población con mayor claridad y eficiencia. Simplificar tampoco significa eliminar controles indispensables, sino hacerlos comprensibles y evitar duplicidades administrativas.
El coordinador estatal destacó la importancia de proteger la información personal que los ciudadanos entregan a las instituciones. Toda plataforma digital, señaló, debe contar con medidas de seguridad y reglas claras sobre el tratamiento y resguardo de los datos.
También planteó que las herramientas tecnológicas deben permitir identificar retrasos, medir los tiempos de respuesta y conocer qué áreas acumulan un mayor número de solicitudes sin resolver. Esta información ayudaría a corregir fallas y mejorar la atención.
Austeridad con responsabilidad institucional
El tercer eje se relaciona con la revisión del gasto operativo y de los beneficios asignados a los altos mandos de las instituciones.
Sánchez Zumaya señaló que la austeridad debe aplicarse con responsabilidad, evitando afectar los servicios esenciales, las condiciones laborales o la capacidad operativa de las áreas encargadas de atender directamente a la población.
Explicó que el análisis debe concentrarse en identificar gastos innecesarios, duplicidades administrativas y privilegios que no estén debidamente justificados. Los recursos que puedan recuperarse mediante una mejor organización, agregó, deberían orientarse hacia necesidades prioritarias de colonias y comunidades.
El coordinador sostuvo que la austeridad no puede reducirse a una consigna ni convertirse en una disminución generalizada de recursos. Debe estar acompañada de planeación, evaluación y criterios que permitan distinguir entre un gasto indispensable y uno que no produce beneficios para la sociedad.
También consideró importante revisar periódicamente la estructura y el funcionamiento de las instituciones para conocer si sus programas cumplen los objetivos para los cuales fueron creados. Evaluar resultados, dijo, permite detectar áreas que necesitan fortalecimiento y procesos que pueden simplificarse.
Participación ciudadana para mejorar las instituciones
Durante la mesa de trabajo, Sánchez Zumaya aclaró que los planteamientos expuestos constituyen líneas de análisis surgidas del diálogo con ciudadanos y no representan un programa de gobierno, una propuesta electoral ni un llamado de apoyo hacia alguna candidatura.
Indicó que estos encuentros tienen como propósito recopilar experiencias y conocer los principales obstáculos que enfrentan las personas cuando realizan un trámite, solicitan información o buscan acceder a un servicio público.
El coordinador señaló que la participación ciudadana no debe limitarse a presentar quejas. Las instituciones también pueden establecer mecanismos para recibir propuestas, responder observaciones y explicar las razones de sus decisiones.
Añadió que escuchar a servidores públicos de las áreas operativas permitiría conocer los problemas internos que retrasan la atención. En muchos casos, dijo, los propios trabajadores pueden identificar requisitos duplicados, procedimientos obsoletos y herramientas que necesitan actualizarse.
Sánchez Zumaya sostuvo que el combate a la corrupción requiere controles institucionales, fiscalización, acceso a la información y participación social. También demanda reglas comprensibles que reduzcan los espacios de discrecionalidad y permitan identificar con claridad quién es responsable de cada decisión.
Al concluir el encuentro, manifestó que continuará participando en espacios de diálogo con ciudadanos y diferentes sectores sociales para integrar un diagnóstico sobre el funcionamiento de las instituciones y las áreas que requieren una mayor atención.
“La confianza se construye cuando las instituciones actúan con honestidad, explican sus decisiones y facilitan la vida de las personas. Una administración sencilla debe ser transparente, responsable y cercana a la ciudadanía”, concluyó Gerardo Sánchez Zumaya.