Jair FigueroaSan Luis Potosí, S.L.P.— La construcción de entornos seguros requiere coordinación institucional, mecanismos accesibles de justicia y acciones que atiendan las condiciones sociales que afectan a las familias, señaló Gerardo Sánchez Zumaya, coordinador estatal de Afiliación del Partido del Trabajo en San Luis Potosí.
Durante un encuentro de diálogo con ciudadanos, Sánchez Zumaya expuso que la paz social no depende exclusivamente de operativos o acciones policiales. Consideró necesario analizar de manera integral los factores económicos, educativos, familiares y comunitarios que pueden influir en la seguridad y en la convivencia cotidiana.
El coordinador estatal explicó que la prevención del delito, la atención de las denuncias y el bienestar de los hogares deben formar parte de un mismo ejercicio de análisis. Cuando estos componentes funcionan de manera separada, añadió, resulta más difícil responder oportunamente a las problemáticas de las colonias y comunidades.
“La tranquilidad de las colonias no se logra de forma aislada; requiere de un engranaje eficiente donde la justicia proteja al ciudadano y la seguridad comience desde la estabilidad económica y emocional de las familias”, expresó Sánchez Zumaya.
En el encuentro fueron abordadas tres vertientes generales: el fortalecimiento de la seguridad de proximidad, la simplificación de los canales de denuncia y resolución de conflictos, y la atención institucional de las necesidades de salud y educación que enfrentan los hogares en condiciones de vulnerabilidad.
Seguridad cercana y orientada a la prevención
La primera vertiente se relaciona con la seguridad de proximidad y el vínculo entre las corporaciones y las comunidades.
Sánchez Zumaya señaló que la prevención requiere instituciones con personal capacitado, equipamiento adecuado y conocimiento de las condiciones particulares de cada zona. La actuación de los cuerpos de seguridad, agregó, debe mantenerse dentro del marco legal y con respeto permanente a los derechos humanos.
Explicó que la seguridad de proximidad puede ayudar a fortalecer la comunicación con vecinos, comerciantes, escuelas y representantes comunitarios. Este contacto permitiría identificar situaciones de riesgo, conocer los horarios o puntos que generan mayor preocupación y canalizar los reportes a las autoridades competentes.
El coordinador estatal consideró que las estrategias deben basarse en información verificable y no solamente en percepciones generales. Para ello, planteó analizar mapas de incidencia, reportes ciudadanos y condiciones urbanas que pueden facilitar la comisión de determinadas conductas.
La falta de iluminación, el abandono de espacios públicos, la presencia de lotes sin mantenimiento y las deficiencias en la movilidad peatonal son factores que también deben incorporarse al diagnóstico, sostuvo. La prevención, dijo, puede incluir intervenciones urbanas y comunitarias, además de las acciones directamente relacionadas con la vigilancia.
Sánchez Zumaya destacó que la capacitación del personal debe abordar protocolos de actuación, atención a víctimas, mediación, perspectiva de derechos humanos y uso adecuado de herramientas tecnológicas. El equipamiento, puntualizó, debe responder a las necesidades operativas y acompañarse de controles que permitan evaluar su utilización.
También manifestó que la coordinación entre instituciones municipales, estatales y federales es indispensable para evitar duplicidades y mejorar los tiempos de respuesta. Cada autoridad tiene atribuciones específicas, por lo que resulta necesario establecer canales claros para compartir información y atender las situaciones que correspondan a cada ámbito.
Denuncias accesibles y atención a conflictos comunitarios
La segunda vertiente expuesta durante el encuentro fue el acceso a la justicia y la necesidad de facilitar la presentación y el seguimiento de denuncias.
Sánchez Zumaya señaló que una persona puede desistir de denunciar cuando enfrenta procedimientos confusos, largos periodos de espera o falta de información sobre la autoridad a la que debe acudir. Esta situación afecta el conocimiento de las problemáticas y puede incrementar la percepción de impunidad.
Por esta razón, consideró importante revisar los canales presenciales y digitales disponibles, así como la orientación que reciben las víctimas desde el primer contacto. El acceso a una denuncia no debe depender de conocimientos jurídicos, relaciones personales o intermediarios, expresó.
El coordinador planteó que la información debe presentarse con lenguaje sencillo y explicar los pasos que seguirá cada procedimiento. También consideró necesario establecer mecanismos para que las personas conozcan el estado de sus denuncias y reciban orientación cuando una solicitud corresponda a otra autoridad.
En relación con los conflictos vecinales, Sánchez Zumaya habló sobre la importancia de fortalecer las herramientas de mediación y justicia cívica, siempre que la naturaleza del caso lo permita. Problemas por ruido, uso de espacios comunes, daños menores o desacuerdos comunitarios pueden agravarse cuando no existen mecanismos oportunos para atenderlos.
Aclaró que la mediación no puede utilizarse para minimizar conductas graves, situaciones de violencia o hechos que deban investigarse como posibles delitos. Cada asunto requiere una valoración adecuada, protección para las víctimas y participación de personal capacitado.
Sánchez Zumaya agregó que el acceso a la justicia también demanda atención digna y sin discriminación. Las personas adultas mayores, quienes viven con alguna discapacidad, integrantes de pueblos originarios y quienes no dominan los procedimientos administrativos pueden necesitar mecanismos específicos de acompañamiento.
Bienestar familiar como componente de la prevención
La tercera vertiente se concentra en las condiciones sociales y familiares que contribuyen a la construcción de comunidades más estables.
El coordinador estatal señaló que la prevención también implica revisar el acceso a la educación, la salud, la atención psicológica, los espacios públicos y las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.
Explicó que las dificultades económicas, el abandono escolar, la violencia dentro de los hogares y la falta de atención a la salud mental pueden generar situaciones que afectan la convivencia. Atender estos factores, indicó, no sustituye el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia, pero puede complementarlo.
Sánchez Zumaya consideró importante analizar la cobertura y coordinación de los servicios institucionales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Más que multiplicar acciones aisladas, señaló, se necesita conocer cuáles servicios existen, quiénes pueden acceder a ellos y qué obstáculos enfrentan las familias para recibir atención.
Asimismo, sostuvo que los apoyos y servicios sociales deben administrarse con reglas claras, criterios transparentes y sin condicionamientos políticos. La atención de una necesidad familiar, afirmó, debe responder a derechos y condiciones objetivas, no a preferencias partidistas ni a solicitudes de respaldo electoral.
La escuela, la comunidad y el hogar pueden funcionar como espacios de prevención cuando cuentan con herramientas para detectar situaciones de riesgo y canalizarlas a las instituciones correspondientes. Por ello, Sánchez Zumaya mencionó la importancia de impulsar la comunicación entre personal educativo, servicios de salud, autoridades y familias.
También planteó que la recuperación de parques, canchas y centros comunitarios puede favorecer la convivencia, las actividades culturales y la participación de jóvenes. No obstante, aclaró que estos espacios requieren mantenimiento, iluminación, accesibilidad y acompañamiento comunitario para cumplir adecuadamente su función.
Diálogo abierto para identificar prioridades
Durante el encuentro, Sánchez Zumaya precisó que las vertientes presentadas corresponden a un ejercicio de escucha y análisis ciudadano. Indicó que no representan un programa gubernamental, una oferta electoral ni una solicitud de apoyo para alguna candidatura o proceso político.
El propósito, explicó, es recopilar experiencias y conocer las preocupaciones que existen en las diferentes regiones de San Luis Potosí. La seguridad y la paz social presentan características distintas en las zonas urbanas, comunidades rurales y municipios de cada región, por lo que cualquier diagnóstico debe reconocer esas diferencias.
El coordinador estatal destacó que la participación ciudadana puede ayudar a identificar problemas que no siempre son visibles en las estadísticas. Sin embargo, consideró que los testimonios deben complementarse con información institucional, conocimientos técnicos y respeto a las atribuciones de las autoridades responsables.
Al finalizar, Sánchez Zumaya llamó a mantener abiertos los espacios de diálogo con vecinos, especialistas, organizaciones sociales y sectores comunitarios para comprender las causas de los problemas y valorar alternativas dentro del marco legal.
“La paz social se construye con instituciones coordinadas, justicia accesible y familias que puedan desarrollar su vida con tranquilidad. Escuchar las necesidades de cada comunidad es un paso necesario para integrar un diagnóstico responsable sobre las condiciones del estado”, concluyó Gerardo Sánchez Zumaya.