¿Que siga el despilfarro y privilegios para unos cuantos, pues?

Por Rubén Cárdenas
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Sólo desde una cómoda postura puede alguien adherirse a la petición de que “ el INE no se toca”, cuando es una de las instituciones más cuestionadas por sus resultados y sus despilfarros, independientemente de lo que tanto reclama – un poco fuera de tiempo- el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estamos así ante un debate estéril, porque no hay nada que defenderle a un organismo que no siempre ha defendido la limpieza de las elecciones y más bien suele ponerse del lado de aquellos en posiciones de poder; ejemplos sobran a lo largo del territorio nacional, de modo que llamar a una marcha para respaldarlo francamente no aplica ahora.

Esos salarios y esos presupuestos fuera de toda realidad, al menos nuestra realidad nacional, deberían ser motivo más que suficiente para reclamar, no para defender. Y eso de que el gobierno “quiere acabar con esta institución de tanta credibilidad” suena más a un eslogan del propio organismo, en su afán por hacerse mártir, que a un llamado serio para pedir la solidaridad ciudadana.En este orden de ideas, está difícil salir a la calle y gritar “el INE no se toca”, cuando es sabido que su consejero presidente obtiene un salario de 262 mil pesos mensuales, tiene 35 colaboradores a su servicio y 11 asesores, cuyos salarios van de los 100 mil a los 149 mil pesos al mes. Además, su secretario privado gana 89 mil pesos mensuales y un secretario particular, la escandalosa cantidad de 189 mil pesos mensuales, mientras que un jefe de oficina, 220 mil pesos.

Los otros 10 consejeros electorales también andan en ese tipo de excesos: cada uno tiene al menos 10 asesores, chofer y hasta coordinador de logística. Un chofer asignado a cada consejero electoral gana al mes poco más de 40 mil pesos; todos los empleados del INE disfrutan de un aguinaldo de 40 días de sueldo sin deducciones, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, seguro de vida y hasta 15 mil pesos adicionales al mes para comidas.

Un consejero del INE gana mensualmente, entonces, no sólo por encima del presidente de la República y cualquier secretario de Estado, sino 30 veces más que un profesor de educación primaria y, en un solo día, percibe casi el doble de lo que gana un trabajador con salario mínimo en nuestro país en un mes.

A pesar de que el 2023 no será un año electoral en México, la carga económica para el erario equivaldrá a 382 millones de pesos solamente en el salario global de los 11 consejeros y el secretario ejecutivo. Es decir, la dirección del INE le costará a los mexicanos más de un millón por día el año que viene.

Únicamente la oficina del consejero presidente, Lorenzo Córdova, exige 61 millones, nada menos, y todavía se queja. Toda esta información se puede verificar en la propia página del Instituto Nacional Electoral, pues ni siquiera hay la intención de maquillarla para que no resulte tan ofensiva.

Y, más allá de todos estos descomunales gastos en un país en el que gran parte vive en condiciones de pobreza, la autoridad electoral en México está ensombrecida en los últimos años por permitir los fraudes electorales del 2006 y 2012, es decir, fue un organismo facilitador para que llegaran al poder Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No ha podido el INE, o no ha querido, frenar la participación del crimen organizado en comicios electorales, ni tampoco ha actuado en contra de candidatos que presumiblemente mantienen relación con organizaciones criminales. Tal y como opera en este tiempo, sólo sirve a los intereses de la partidocracia, sin apenas contribuir al fortalecimiento de la incipiente democracia, uno de los grandes propósitos de su creación en 1990.

Fue entonces cuando surgió el Instituto Federal Electoral, aun cuando hasta 1996 el Congreso reforzó su autonomía e independencia al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto para los consejeros ciudadanos, los cuales acabaron siendo cuotas de los partidos políticos.

Por todo esto, la defensa del INE constituye un debate falso y acomodaticio para la institución y sus aliados y simpatizantes; la exigencia debería ser promover e implementar los cambios indispensables que vayan en absoluta concordancia con la voluntad ciudadana. Esos sí que le urgen.

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