Héctor O. CarriedoCada vez que en México se intenta establecer reglas mínimas para proteger a las audiencias, los medios hegemónicos de manipulación masiva desempolvan el mismo discurso: «el gobierno quiere censurar». Es una reacción automática. No importa que la propuesta únicamente exija distinguir entre información y opinión, transparentar códigos de ética o crear Defensorías de las Audiencias; para quienes durante décadas ejercieron un poder mediático prácticamente sin límites, cualquier obligación es presentada como una agresión a la libertad de expresión.
Pero la verdadera discusión nunca ha sido la censura. El debate de fondo es otro: ¿deben los grandes medios seguir siendo el único poder que pretende no rendir cuentas ante nadie?
Durante más de treinta años, los medios hegemónicos dejaron de comportarse como observadores del poder para convertirse en actores políticos con intereses propios. Construyeron candidatos, destruyeron adversarios, impusieron agendas, silenciaron escándalos incómodos y legitimaron políticas públicas al ritmo de millonarios contratos de publicidad oficial, concesiones y favores gubernamentales. Mientras exigían transparencia para todos, jamás aceptaron aplicarse el mismo principio.
Ese modelo comenzó a derrumbarse con la llegada de la 4T. La reducción de la publicidad oficial, el fin de numerosos privilegios y la comunicación directa entre gobierno y ciudadanía rompieron un pacto de conveniencia que durante décadas permitió a los medios corporativos ejercer una influencia política desproporcionada sin enfrentar un escrutinio equivalente.
Las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador –estrategia continuada por Claudia Sheinbaum Pardo- aceleraron ese cambio. Por primera vez, periodistas, comentaristas, conductores pontificales y levanta cejas y propietarios de medios dejaron de ocupar el cómodo pedestal desde el cual juzgaban a todos sin aceptar ser juzgados. Descubrieron entonces que la crítica que durante años repartieron sin límite también podía dirigirse hacia ellos. Y confundieron deliberadamente la pérdida de inmunidad política con un supuesto ataque a la libertad de expresión.
Ahora ocurre exactamente lo mismo con el proceso de consulta de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Sus detractores hablan de censura, pero evitan explicar qué disposición les resulta intolerable. ¿Les molesta que la ciudadanía pueda distinguir cuándo escucha sucesos y realidades y cuándo opiniones? ¿Les incomoda informar con claridad cuándo un contenido responde a intereses comerciales o propagandísticos? ¿Les parece excesivo que existan códigos de ética públicos o mecanismos para atender reclamaciones o quejas? Si esas obligaciones representan una amenaza, entonces el problema no está en la regulación, sino en ciertas prácticas periodísticas que durante años prosperaron gracias a la opacidad y al contubernio de los medios con los poderes públicos en turno.
En cualquier democracia constitucional, la libertad de expresión convive con responsabilidades. Ningún derecho es absoluto, mucho menos cuando se ejerce mediante concesiones de un bien público como el espectro radioeléctrico. ¿Ignoran acaso que la Constitución protege tanto el derecho de informar como el derecho de la ciudadanía a recibir información diferenciada, verificable y claramente identificada?
Las Defensorías de las Audiencias tampoco son un invento autoritario. Funcionan desde hace años en democracias consolidadas. La BBC, CBC/Radio-Canada, ABC Australia y numerosos medios europeos cuentan con defensores de audiencias, ombudsman y mecanismos independientes de revisión editorial. Nadie sostiene seriamente que Reino Unido, Canadá o Australia sean dictaduras por exigir transparencia y responsabilidad a sus medios. Solo en México algunos medios hegemónicos pretenden presentar esas prácticas democráticas como un atentado contra la libertad.
Claro está que los lineamientos pueden perfeccionarse. Conceptos jurídicos ambiguos deben precisarse para impedir cualquier aplicación discrecional. Esa es precisamente la finalidad de la consulta pública. Pero perfeccionar una regulación no significa renunciar a ella. Convertir cualquier ajuste normativo en un falso dilema entre libertad y censura solo beneficia a quienes desean conservar intactos sus privilegios.
Lo que realmente está en juego no es la posibilidad de criticar al gobierno, derecho plenamente garantizado por la Constitución, de jure y de facto. Lo que está en disputa es la vieja pretensión de que los grandes medios puedan seguir confundiendo información con propaganda, periodismo con activismo e interés público con interés corporativo sin responder ante las audiencias.
Ha llegado el momento de desmontar una ficción cuidadosamente construida durante décadas: que toda regulación democrática es censura cuando toca los intereses de los grandes medios. No. La censura consiste en impedir que alguien hable; los derechos de las audiencias exigen, simplemente, que quien habla lo haga con honestidad intelectual, transparencia y responsabilidad. Los medios no pierden libertad cuando rinden cuentas; pierden privilegios. Y en una democracia auténtica, ningún privilegio corporativo puede estar por encima del derecho de millones de ciudadanos a recibir información clara, ética y veraz. Quien teme a esa exigencia no está defendiendo la libertad de expresión; está defendiendo un poder que durante demasiado tiempo creyó estar por encima de la sociedad y de la propia democracia.