RedacciónUno de los operadores más peligrosos y silenciosos de la red criminal que dirigía el exalcalde de Tequila, Jalisco, es el regidor Josué José de Jesús Gutiérrez Guzmán, de acuerdo con declaraciones de testigos protegidos y reportes de inteligencia incluidos en la solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Diego N, El Presidente, exedil del municipio, documentos judiciales que señalan al funcionario municipal como presunto responsable de un esquema de extorsión y cobro de piso operado desde el interior del ayuntamiento.
Según el documento judicial, al que tuvo acceso la periodista Yazmin Morales de El Sol de México, Gutiérrez Guzmán “tiene montado un imperio de extorsión desde el interior del gobierno”. Las referencias contra el regidor forman parte de testimonios, análisis e información recabada por autoridades federales durante la etapa inicial de la investigación contra Diego N, presidente municipal; Juan Gabriel N, director de Recursos Humanos; Diego López Ibarra, tesorero; Juan Manuel N, director de Seguridad Pública; Julio César Trigueros, jefe de Gabinete y Severo Flores Mesa, El Rey Mago, enlace con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“No sólo responde ciegamente a las órdenes del alcalde, sino que tiene montado un imperio de extorsión desde el interior del gobierno, colocando en puestos clave a su propia familia para despojar, amenazar y chantajear a los comerciantes, emprendedores y ciudadanos honestos del municipio”, se lee en el documento. El regidor, quien estuvo presente en la sesión de Cabildo del pasado 8 de febrero y votó a favor de Lorena Marisol Rodríguez Rivera para asumir las funciones de presidenta municipal interina de Tequila, es señalado en el expediente FED/FEMDO/FEIDMS-JAL/0000781/2025, integrado por el Ministerio Público de la Federación.
La información recabada en la investigación incluida en la causa penal 39/2026 establece los presuntos nexos entre familiares del regidor y áreas estratégicas del municipio relacionadas con licencias comerciales y cobros administrativos. En otro de los apartados del documento judicial se menciona a un supuesto cuñado de Gutiérrez Guzmán, de nombre Francisco Javier Rivera Gutiérrez, quien se desempeña como director de Padrón y Licencias en el ayuntamiento, el cual estaría a cargo de las extorsiones a pequeños empresarios y comerciantes, según la investigación.
“Francisco Javier Rivera Gutiérrez, director de Padrón y Licencias, cuñado del regidor, extorsiona a cada empresario o pequeño comerciante que solicita una licencia. No hay trámite sin ‘moche’. Quien no paga, pierde su licencia o es clausurado”, indica uno de los informes recabados por el gobierno federal. Además, el expediente describe al regidor, quien continúa en funciones, como cercano a Roberto Rivera Gutiérrez, hermano del exalcalde, quien supuestamente “recauda el uso de piso ilegalmente, sin reportarlo a la tesorería, operando bajo una lógica mafiosa, con protección directa del alcalde y del regidor”.
El nombre de Josué Gutiérrez también figura dentro de las declaraciones de testigos con identidad reservada al denunciarlo como supuesto integrante de la estructura política municipal vinculada con el crimen organizado. Aunque la autoridad federal no solicitó orden de aprehensión contra Josué José de Jesús Gutiérrez Guzmán, su nombre es mencionado dentro de la “Operación Enjambre”, descrita por las áreas de inteligencia del gobierno federal como un conjunto de acciones dirigidas a desarticular redes de complicidad entre funcionarios públicos y grupos delictivos en la región Valles de Jalisco.
La Fiscalía General de la República solicitó órdenes de aprehensión contra Diego Rivera Navarro, Juan Gabriel Toribio Villareal, Diego López Ibarra, Juan Manuel Pérez Sosa, Julio César Limón Trigueros y Severo Flores Mendoza, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado. Hasta el momento, Diego López Ibarra y Severo Flores Mendoza continúan prófugos de la justicia, mientras que los demás imputados se encuentran recluidos en centros penitenciarios federales.
El martes, en continuación de audiencia en las salas de juicios orales del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, un juez de Control inició un proceso penal contra el alcalde de Tequila, Diego N, El Presidente, así como contra dos integrantes del Ayuntamiento por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado en contra de dos aspirantes a la presidencia municipal en 2021. En los tres casos, se ratificó la prisión oficiosa. Diego N seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. En el caso de Juan Manuel N, director de Seguridad Pública, y de Juan Gabriel N continuarán internados en el Cefereso 14, ubicado en Chiapas.
El expediente judicial detalla que la estructura de extorsión operaba desde diversas áreas del ayuntamiento de Tequila, con la participación de funcionarios de primer nivel que utilizaban sus cargos para facilitar actividades ilícitas. La información ministerial señala que el regidor Gutiérrez Guzmán mantenía reuniones periódicas con empresarios tequileros y comerciantes locales a quienes, presuntamente, exigía pagos mensuales a cambio de no ser clausurados o de agilizar trámites administrativos que por ley deberían ser gratuitos o de bajo costo.
Los testigos protegidos cuyas declaraciones forman parte de la carpeta de investigación identificaron al menos 15 casos documentados de comerciantes que habrían sido víctimas de extorsión por parte de Francisco Javier Rivera Gutiérrez, director de Padrón y Licencias, bajo el conocimiento y supervisión del regidor Josué Gutiérrez. Las víctimas, en su mayoría propietarios de pequeños negocios como tiendas de abarrotes, talleres mecánicos y restaurantes, habrían sido obligadas a pagar sumas que oscilan entre los 5 mil y los 50 mil pesos para obtener o renovar sus licencias de funcionamiento.
La investigación federal también documentó que Roberto Rivera Gutiérrez, hermano del exalcalde Diego Rivera Navarro, operaba como recaudador de cuotas ilegales en diversas zonas comerciales del municipio, con protección expresa del regidor y del propio presidente municipal. Las autoridades ministeriales cuentan con registros de llamadas telefónicas y mensajes de texto que, según la FGR, acreditan la coordinación entre estos funcionarios y presuntos integrantes del CJNG para garantizar el control territorial y la recaudación de derecho de piso.
A pesar de la gravedad de las imputaciones contenidas en el expediente, el regidor Josué Gutiérrez continúa en el ejercicio de sus funciones públicas. El pasado 8 de febrero participó en la sesión de Cabildo donde se designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina, luego de que Diego Rivera Navarro fuera vinculado a proceso y recluido en el Altiplano. Su voto fue determinante para alcanzar la mayoría necesaria en la designación de la nueva alcaldesa.
Especialistas en materia de combate a la corrupción consultados por diversos medios han señalado que la omisión de una orden de aprehensión contra Gutiérrez Guzmán podría obedecer a que la FGR busca fortalecer otras líneas de investigación antes de judicializar su caso. No obstante, el señalamiento directo en documentos oficiales y su inclusión en la Operación Enjambre lo colocan como uno de los funcionarios municipales bajo la lupa de las autoridades federales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido informada del avance de las investigaciones en Tequila, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Gobernación. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal ha evitado pronunciarse sobre casos particulares, aunque ha reiterado su respaldo a las acciones de la FGR contra funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. La llamada Operación Enjambre forma parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal para desarticular redes de complicidad entre autoridades locales y grupos delictivos.
El caso del regidor Josué Gutiérrez evidencia la penetración del crimen organizado en estructuras municipales de Jalisco, particularmente en la región Valles, donde el CJNG mantiene una presencia histórica. Organizaciones empresariales del sector tequilero han manifestado su preocupación por el impacto económico que estas redes de extorsión generan en la cadena productiva y comercial del municipio, considerado Pueblo Mágico y principal productor de tequila a nivel mundial.
Hasta el cierre de esta edición, el regidor Josué José de Jesús Gutiérrez Guzmán no ha emitido declaración pública alguna sobre las acusaciones contenidas en el expediente de la FGR. Tampoco ha informado si promoverá alguna acción legal para desvirtuar los señalamientos que lo vinculan con actividades de extorsión y presuntos nexos con el crimen organizado. En el ayuntamiento de Tequila, la presidenta municipal interina ha evitado referirse al caso y se ha limitado a señalar que se mantendrá coordinación con las autoridades federales.
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