RedacciónEl Gobierno de México recuperó mil 126 concesiones mineras en lo que va de la actual administración, tras determinar que estos títulos eran desaprovechados por sus titulares, no se pagaban los derechos por su uso y se mantenían con fines meramente especulativos, informó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Durante la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el objetivo es recuperar las concesiones en las que no se detectan exploraciones, por lo que los bienes de la nación solo eran utilizados para la especulación en el sector minero. El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, José Fernando Aboitiz Saro, detalló que las cancelaciones se ejecutaron principalmente por el incumplimiento en el pago de derechos por más de dos años, así como por la omisión de informes de obras y trabajos de exploración.
Con esta medida, se busca limpiar el sector de “bienes ociosos” que no reportaban extracciones al Estado y que en algunos casos incluso se encontraban en Áreas Naturales Protegidas (ANP). La superficie total recuperada asciende a 889 mil 512 hectáreas, una extensión territorial que, de acuerdo con las autoridades, es equivalente a la superficie de los estados de Morelos y Tlaxcala juntos, o al estado de Querétaro.
La mayoría de estas cancelaciones se concentraron en los estados de Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, donde se encuentra la mayor parte de la actividad minera mexicana. Además, se informó que dentro de esta iniciativa de recuperación se encontraron 713 concesiones que abarcan 249 mil 108 hectáreas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas, lo que representa un avance significativo en la política de protección ambiental impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Economía.
Sobre los dueños de estas concesiones recuperadas, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas explicó que el 90 por ciento correspondía a particulares que utilizaban los terrenos autorizados para la explotación minera con fines especulativos, y que solo un diez por ciento aproximadamente de los permisos fueron cedidos voluntariamente por empresas mineras como la Minera Autlán y Peñoles. “Otras son personas particulares, que normalmente cuando se pone una mina en un lugar, toman o tenían una concesión al lado esperando que algún día la mina creciera para vendérselas. Entonces muchas de estas concesiones en principio son este tipo de personas que estaban especulando”, afirmó José Fernando Aboitiz.
El funcionario detalló que el proceso de cancelación se realizó conforme a lo establecido en la Ley Minera y sus reglamentos, luego de que la autoridad verificara que los concesionarios no acreditaron la realización de obras y trabajos de exploración o explotación durante los plazos establecidos por la ley. En muchos casos, los titulares tampoco presentaron los informes periódicos obligatorios ni realizaron el pago de derechos durante dos ejercicios fiscales consecutivos o más.
La Secretaría de Economía informó que las concesiones recuperadas serán reincorporadas al patrimonio de la nación y podrán ser objeto de nuevas licitaciones públicas en el futuro, bajo condiciones que garanticen su aprovechamiento efectivo y el cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales. El objetivo de la actual administración es que los recursos minerales del país sean explotados únicamente por empresas que demuestren capacidad técnica, financiera y compromiso con el desarrollo regional sostenible.
El anuncio de la recuperación de concesiones mineras se da en el contexto de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la soberanía sobre los recursos naturales del país y combatir prácticas especulativas que durante décadas permitieron a particulares mantener ociosos miles de títulos mineros sin generar beneficios económicos ni sociales. La política de recuperación forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que establece como prioridad la administración eficiente y transparente de los bienes nacionales.
Organizaciones ambientalistas y colectivos ciudadanos han manifestado su respaldo a la medida, particularmente en lo que respecta a las concesiones ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas. Durante años, diversas asociaciones civiles denunciaron la presencia de títulos mineros vigentes en zonas como la Reserva de la Biosfera de Mapimí, la Sierra de San Pedro Mártir y la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, sin que las autoridades anteriores tomaran acciones concretas para su cancelación.
La Cámara Minera de México (Camimex) no ha emitido una postura oficial respecto al anuncio de la Secretaría de Economía. Sin embargo, fuentes del sector consultadas señalaron que algunas empresas afiliadas han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades en el proceso de regularización de concesiones, siempre que existan mecanismos claros de diálogo y certidumbre jurídica para las inversiones.
El gobierno federal estima que el proceso de recuperación de concesiones continuará durante los próximos meses, conforme avancen las revisiones administrativas y las notificaciones a los titulares que se encuentran en situación de incumplimiento. La Secretaría de Economía habilitó un portal electrónico donde los concesionarios pueden consultar el estatus de sus títulos y regularizar su situación fiscal y administrativa antes de que se inicien los procedimientos de cancelación definitiva.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media