FGR atribuye presuntas responsabilidades a Ernesto Ruffo por contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye presuntas responsabilidades al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en un esquema de contrabando de combustible. La dependencia federal informó que mantiene un proceso penal activo sustentado en peritajes, declaraciones y análisis financieros que señalan su supuesta participación en las decisiones estratégicas de la empresa Ingemar.

Proceso legal por señalamientos en el transporte de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye presuntas responsabilidades al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en un esquema de contrabando de combustible. La dependencia federal informó que mantiene un proceso penal activo sustentado en peritajes, declaraciones y análisis financieros que señalan su supuesta participación en las decisiones estratégicas de la empresa Ingemar.

Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificaron una supuesta red dedicada al tráfico ilícito de hidrocarburos. Según las pesquisas gubernamentales, el grupo utilizaba ferrotanques para mover cargamentos mediante la infraestructura de la compañía señalada, dedicada formalmente a servicios portuarios y dragado.

En la revisión contable, los peritos detectaron movimientos bancarios en cuentas nacionales que presentan incongruencias respecto al perfil fiscal de la sociedad mercantil. Estas evidencias fueron presentadas ante el órgano jurisdiccional para respaldar las acusaciones contra la directiva de la firma.

Señalan posible intervención directiva en operaciones irregulares

Dentro del expediente, las autoridades señalan las presuntas responsabilidades del exmandatario panista en su calidad de accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa. La FGR sostiene que, desde esa posición, el imputado habría participado en la representación legal y en la toma de decisiones corporativas de la sociedad.

Asimismo, la representación social incorporó entrevistas donde el exfuncionario reconoció poseer el 49 por ciento de las acciones de la firma. En sus declaraciones, el procesado admitió tener conocimiento, al menos desde 2024, sobre las actividades de la compañía vinculadas con el movimiento de camiones y transporte ferroviario.

Los análisis técnicos aportados al juzgado exponen diferencias entre el volumen real de los vehículos y la documentación presentada en aduanas. Mientras las unidades contaban con capacidad para trasladar entre 30 mil y 112 mil litros de combustible, los pedimentos de importación reportaban únicamente un volumen de 10 mil litros por embarque.

Autoridad judicial determinará el grado de responsabilidad

El procedimiento formal contra el exservidor público continúa su trámite ante los juzgados federales correspondientes. Corresponderá al juez de la causa valorar los elementos de prueba desahogados por la representación social y resolver la situación jurídica del imputado conforme a derecho.

La Fiscalía precisó que las actuaciones se apegan estricta y formalmente a las reglas del proceso penal acusatorio. La dependencia recordó que existen reservas legales para la divulgación de datos de prueba con el fin de resguardar el debido proceso y la integridad del expediente.

De igual forma, la institución enfatizó que el principio de presunción de inocencia ampara al exgobernador en cada una de las etapas del procedimiento. Su estatus legal de no culpabilidad se mantendrá vigente mientras la autoridad judicial no dicte una sentencia definitiva en el caso.

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