LA LEY LLEGÓ TARDE; LA JUSTICIA, TODAVÍA NO

En México, el feminicidio existe legalmente desde el 14 de junio de 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal. Desde entonces el delito tiene nombre, artículo y número. Lo que no tenía era prisa. Catorce años después, el Congreso por fin se dispone a darle una ley general, y la noticia llega acompañada de aplausos, unanimidades y hasta una felicitación de la ONU. Conviene recibirla como se recibe a un invitado que llega tarde a la cena: con cortesía, pero sin olvidar a qué hora se le esperaba.

Los números de este año explican por qué la espera no fue inocua. Entre enero y septiembre de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 494 carpetas de investigación por feminicidio. Solo en septiembre, mientras el gobierno presumía la baja de los homicidios dolosos, los feminicidios subieron 23.6%, de 55 a 68 casos en un mes. Sinaloa encabeza la lista con más de 80 víctimas en lo que va del año. Y la cifra oficial es apenas la parte que se deja ver: según la CEPAL, en 2024 México fue el país de América Latina donde más mujeres fueron asesinadas, 3,739, pero solo el 22.8% de esos casos se clasificó como feminicidio. Hablamos de un país que ocupa el segundo lugar regional en este delito, solo detrás de Brasil, y que además tiene la costumbre de registrar como homicidio lo que debió investigarse como feminicidio.

Ahora hablemos de prioridades, porque el calendario legislativo es la forma más honesta en que el poder confiesa lo que le importa. Todo empezó en la mañanera del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha elegida con el instinto escenográfico que nunca falla en Palacio Nacional. Siete meses después, la ley está a punto de ver la luz entre unanimidades y felicitaciones internacionales. Queda demostrado que, cuando hay voluntad política, el Congreso mexicano puede legislar con una velocidad que envidiaría cualquier reportero de la mañanera deseoso de terminar su jornada. Lo que nadie explica es por qué esa velocidad tuvo que esperar 14 años y una conferencia matutina.

Porque la demanda no es nueva. Madres, colectivos y organizaciones llevan más de una década pidiendo exactamente esto: que el feminicidio deje de investigarse distinto según el estado donde ocurra, que una mujer asesinada en Sinaloa no tenga menos justicia que una asesinada en la capital. Durante esos años, el Congreso encontró tiempo para muchas otras cosas, para reformas exprés, nombramientos al vapor y hasta para discutir si los memes ofenden la investidura. La propia diputada Laura Ballesteros lo dijo en tribuna: el Poder Legislativo le debe una disculpa pública a las más de 35 mil familias cuyas mujeres fueron asesinadas por feminicidio. Fue el comentario más sensato de la sesión, y por supuesto no tuvo consecuencias.

Lo que propone la ley, hay que reconocerlo, va en la dirección correcta: penas de 40 a 70 años de prisión, nueve razones de género, 21 agravantes y, sobre todo, la obligación de que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el inicio como feminicidio. Esa última disposición es la que de verdad importa, porque apunta al origen del problema: el ministerio público que decide, antes de investigar, que no hubo razones de género. Se agradece, se reconoce y, como ya hizo la ONU, hasta se felicita.

Pero una ley no es un resultado. Es, en el mejor de los casos, una promesa con número de artículo. México ya tiene desde 2007 una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde 2012 un tipo penal federal y desde hace años alertas de género en más de la mitad del país. Ninguna de esas herramientas impidió que septiembre fuera peor que agosto. El problema nunca fue la falta de leyes, sino la falta de fiscalías que investiguen, de jueces que sentencien y de presupuestos que no se recorten cuando se acaba la conferencia de prensa.

La nueva ley llega tarde, pero llega. Ahora falta lo difícil: que dentro de un año la noticia sea la caída de las cifras y no otra unanimidad. Porque si algo saben las madres que buscan justicia es que en México las leyes se aprueban en semanas y los expedientes se resuelven en décadas, cuando se resuelven.

Rodrigo Melo Castro