RedacciónLa Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Fernando “A” por incurrir en “faltas graves” que «afectaron la administración de justicia», en el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, metiendo resoluciones que favorecieron al político panista con las cuales se evitó su detención, informó este viernes el organismo a través de un comunicado de prensa.
El organismo del TDJ señaló que resolvió la queja que “sustentó el procedimiento de responsabilidad” y que fue presentada por un diputado federal en abril de 2024 por actos y omisiones que afectaron la administración de justicia”. Rufino H. León Tovar, Presidente de la Comisión de Disciplina señaló: “no se sancionó el criterio jurisdiccional del juzgador, sino la emisión de resoluciones en contravención del texto de la ley e ignorar constancias de los autos de carácter esencial”.
La resolución contempla la inhabilitación por un año de un juez federal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional. “El procedimiento disciplinario tuvo origen en la queja presentada por un Diputado Federal ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal, quien denunció falta de profesionalismo, notoria ineptitud y descuido en el desempeño del cargo y de las funciones jurisdiccionales del servidor público.
“Del análisis integral del expediente, la comisión determinó que el juez federal actuó con desvío de la legalidad al conceder una suspensión definitiva con efectos resolutivos y restitutorios en un juicio de amparo, a fin de que la autoridad de un municipio del norte del país expidiera una constancia de residencia, sin corroborar que el quejoso fuese habitante o vecino del lugar y cumpliera con los requisitos establecidos por el Código Municipal de la entidad federativa, bajo el argumento de que al promovente le era necesaria para acceder a los servicios de salud pública”.
De acuerdo con la información dada a conocer, el juez desacató la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar “una suspensión provisional y posteriormente la definitiva, para que la persona quejosa no fuese separada del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del mismo estado y además para que se paralizara la resolución de cualquier procedimiento administrativo en su contra”. En otro juicio de amparo, el ahora sancionado, “concedió la suspensión al mismo quejoso en contra de la orden de aprehensión reclamada y para el efecto de que no le fueran suspendidos sus derechos político electorales y que no se le considerara como prófugo de la justicia”.
Con esos antecedentes la Comisión de Disciplina determinó que “las faltas acreditadas calificadas legalmente como graves no versan sobre un hecho aislado, sino sobre un conjunto de actuaciones ejecutadas de manera sistemática por el denunciado, que evidenciaron errores inexcusables en franco desacato a las normas que regían su actuación como impartidor de justicia y que tales desviaciones, impactaron decisiones jurisdiccionales de otros procedimientos, inclusive vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por ello, resolvió la imposición de la sanción de inhabilitación, dado que el juzgador implicado fue dado de baja en el mes de agosto de 2025”.
León Tovar informó a través de un comunicado de prensa que “estas conductas no pueden entenderse como diferencias interpretativas, ni como equivocaciones menores, sino como infracciones que lesionan directamente la confianza pública en el Poder Judicial y exigen consecuencias claras y proporcionales, reiterando que la legalidad es el límite de la función jurisdiccional y no habrá espacio para la impunidad ni privilegios de jerarquía cuando se transgreda la ley”.
El caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022, ha sido uno de los más polémicos en materia de fuero constitucional y protección judicial. El político panista enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalamientos que lo llevaron a mantener un prolongado litigio para evitar su aprehensión. En 2021, la Cámara de Diputados le retiró el fuero constitucional, pero diversas suspensiones judiciales impidieron su captura.
El juez Fernando “A” fue identificado en medios especializados como Fernando Silva García, quien fungió como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas. Durante su gestión, emitió al menos cinco resoluciones que beneficiaron al exmandatario estatal, incluyendo suspensiones que frenaron órdenes de aprehensión y mantuvieron sus derechos políticos. Silva García fue separado del cargo en agosto de 2025, previo al inicio del procedimiento disciplinario que ahora concluye con su inhabilitación.
El procedimiento contra el juez fue iniciado por una queja presentada por el diputado federal Erasmo González Robledo, de Morena, en abril de 2024. El legislador documentó las irregularidades en los amparos otorgados a Cabeza de Vaca y las turnó al entonces Consejo de la Judicatura Federal, que inició la investigación. Tras la extinción de ese organismo y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial en septiembre de 2025, el caso fue turnado a la nueva instancia.
La resolución del Tribunal de Disciplina Judicial sienta un precedente importante en el nuevo sistema de responsabilidades del Poder Judicial de la Federación, creado a partir de la reforma constitucional de 2024. El organismo tiene facultades para investigar y sancionar a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros por faltas administrativas graves, sin necesidad de intervención del Consejo de la Judicatura Federal.
Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, enfatizó que la sanción no cuestiona el criterio jurídico del juzgador, sino la violación sistemática de disposiciones legales expresas y el desconocimiento de pruebas esenciales en los expedientes. Destacó que las resoluciones impugnadas tuvieron efectos que trascendieron el caso individual, al influir en procedimientos electorales y administrativos paralelos.
La inhabilitación por un año impide al juez sancionado reincorporarse a cualquier cargo público durante ese periodo, y queda inhabilitado para contratar con el gobierno federal. La Comisión de Disciplina no informó si existen otros procedimientos abiertos contra el mismo juzgador o contra otros servidores públicos involucrados en la cadena de resoluciones que protegieron a Cabeza de Vaca.
La Fiscalía General de la República mantiene vigentes las órdenes de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien actualmente reside en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha solicitado en múltiples ocasiones su extradición, sin éxito hasta el momento. El exgobernador ha negado todas las acusaciones en su contra y se declara perseguido político.
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