RedacciónEl gobierno de Estados Unidos anunció la emisión de dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales reanudar operaciones en el sector energético venezolano sin riesgo de sanciones, según informó este viernes el Departamento del Tesoro, en una decisión que beneficia a Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia, Repsol de España, así como a las británicas BP y Shell, y que marca un giro significativo en la política de Washington hacia Caracas tras años de restricciones económicas.
La autorización incluye “todas las transacciones” relacionadas con el petróleo venezolano y abre la puerta a nuevas inversiones en petróleo y gas, lo que marca un giro en la política de Washington hacia Caracas. El anuncio se produjo tras declaraciones del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien reveló que las ventas de petróleo venezolano controladas por Estados Unidos ya superan los 1,000 millones de dólares y podrían generar otros 5,000 millones en los próximos meses. Wright explicó que gran parte del crudo se procesa en refinerías estadounidenses y que las ganancias son entregadas al Gobierno encargado de Venezuela, bajo supervisión de Washington. El funcionario subrayó que este esquema se mantendrá “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”.
En este contexto, Wright visitó junto a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, las instalaciones de Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, ubicada en Morichal, estado Monagas. Esta zona, que abarca más de 55,000 kilómetros cuadrados, concentra el 87% de las reservas venezolanas, consideradas las mayores del mundo, con capacidad para abastecer la demanda energética global durante tres siglos, según datos de PDVSA. La visita fue calificada como “histórica” y constituye la primera de un alto funcionario estadounidense tras el ataque militar de enero pasado, en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la flexibilización de restricciones para permitir que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano, bajo condiciones estrictas de control y reporte. Aunque no se ha informado la vigencia exacta del acuerdo, se plantea como un entendimiento a largo plazo que busca estabilizar el sector energético y atraer inversión internacional. La decisión de Washington tiene repercusiones más allá de Venezuela. Para las multinacionales, representa la oportunidad de acceder a una de las reservas más grandes del planeta en un momento de alta volatilidad en los mercados energéticos. Para Caracas, significa un respiro económico en medio de años de sanciones y aislamiento financiero.
Sin embargo, el esquema mantiene un fuerte control estadounidense sobre las ventas y el flujo de fondos, lo que refleja que la apertura está condicionada a avances políticos internos, como la celebración de elecciones libres, que Wright aseguró podrían realizarse antes del final del segundo gobierno de Trump. Las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro establecen un marco regulatorio específico para cada una de las empresas beneficiadas. En el caso de Chevron, la autorización amplía una licencia previa que permitía únicamente operaciones de mantenimiento, y ahora habilita la extracción y comercialización plena de crudo y derivados. Para las europeas Eni, Repsol, BP y Shell, las licencias representan la primera oportunidad de retomar operaciones a gran escala desde la imposición de sanciones sectoriales en 2019.
La Faja Petrolífera del Orinoco, donde se ubican las instalaciones visitadas por Wright y Rodríguez, es la principal región productora de Venezuela y alberga los yacimientos de crudo extrapesado más importantes del planeta. PDVSA estima que la faja contiene reservas probadas por 270 mil millones de barriles, aunque la producción actual es una fracción de su capacidad instalada debido a la falta de inversión, mantenimiento y las sanciones internacionales. Chevron opera en la faja desde hace más de un siglo y mantiene cuatro proyectos conjuntos con PDVSA.
La visita de Wright a Venezuela se da en un contexto de reconfiguración geopolítica del mercado energético global. La guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente han elevado la demanda de crudo y gas, mientras que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha mantenido restricciones a la producción. Venezuela, miembro fundador de la OPEP, posee la capacidad de incrementar su producción en al menos 500 mil barriles diarios en el corto plazo, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía.
El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro, ha sido reconocido por al menos 12 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, aunque no por Estados Unidos ni por la mayoría de las naciones europeas. La administración Trump mantiene una postura de no reconocimiento oficial, pero ha establecido canales de comunicación técnica a través del Departamento de Estado y del Tesoro para negociar los términos de la apertura petrolera.
Analistas internacionales consultados señalan que el acuerdo energético podría allanar el camino para un diálogo político más amplio, que incluya la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Chris Wright mencionó en su declaración que “el pueblo venezolano merece elegir a sus gobernantes sin interferencias”, aunque evitó establecer plazos concretos o condiciones específicas. La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria emitió un comunicado en el que exige que los beneficios económicos de la apertura petrolera se traduzcan en mejoras concretas para la población y no solo en recursos para el gobierno.
Las empresas beneficiarias han recibido con cautela el anuncio. Chevron emitió un breve comunicado en el que confirma que “evaluará las implicaciones de la nueva licencia para sus operaciones en Venezuela” y que mantendrá “estricto cumplimiento de todas las leyes aplicables”. Repsol, por su parte, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que sus activos en Venezuela serán objeto de una revisión técnica y financiera antes de decidir el nivel de inversión.
La Cámara Petrolera de Venezuela, que agrupa a empresas privadas del sector, calificó la decisión como “un paso en la dirección correcta” y solicitó al gobierno nacional que establezca condiciones claras para la inversión extranjera, incluyendo seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica. El gremio empresarial estima que la reactivación plena del sector podría generar al menos 150 mil empleos directos en los próximos dos años.
El régimen de licencias incluye cláusulas de auditoría y reporte que obligan a las empresas a entregar información detallada sobre volúmenes extraídos, precios de venta, compradores finales y destino de los fondos. La OFAC podrá realizar inspecciones en cualquier momento y revocar las autorizaciones en caso de detectar incumplimientos. El esquema busca garantizar que los recursos no sean desviados hacia actores sancionados individualmente por Estados Unidos.
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