La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, planteó la creación de un mecanismo de revocación de mandato para jueces, magistrados y ministros, con el fin de sancionar el bajo desempeño dentro del Poder Judicial, según declaró durante una entrevista con El Debate. La propuesta surge en un contexto de transformación interna en la Corte, luego de su reciente renovación en las urnas, que —de acuerdo con Batres— ha generado un órgano “más vivo, plural y comprometido con los problemas de la sociedad”.
Una nueva etapa para la Corte
Según la ministra, la SCJN atraviesa un momento inédito tras su nueva integración. A pesar de la mayor carga de trabajo, asegura que los debates son ahora “más intensos”, con resoluciones enfocadas en sus efectos sociales y con una visión orientada a fortalecer la justicia social.
Batres Guadarrama, quien se ha autodefinido como “la ministra del pueblo”, señala que la Corte actual se aleja de las prácticas facciosas que por años privilegiaron intereses económicos por encima de derechos humanos fundamentales. Afirmó que hoy existe un enfoque más claro para atender temas relacionados con alimentación, agua, vivienda y otros derechos básicos.
Menos politización, más justicia social
La ministra enfatizó que la nueva integración es “menos politizada y menos facciosa”, pues —según dijo— las decisiones dejan de responder a intereses particulares para centrarse en los efectos que las sentencias tienen sobre la ciudadanía. Prueba de ello, aseguró, es la atención prioritaria a casos que estuvieron detenidos durante años en la Corte, particularmente asuntos fiscales heredados de administraciones pasadas.
Batres detalló que la Corte anterior acumuló más de 13 mil criterios jurisprudenciales destinados a anular impuestos, mientras que en derechos humanos fundamentales registraba un avance limitado. Ahora, dijo, se busca equilibrar la agenda y atender rubros que afectan directamente a los grupos más vulnerables.
El debate sobre la independencia judicial
En respuesta a las críticas que señalan que la nueva Corte estaría más alineada al Gobierno de Claudia Sheinbaum, la ministra rechazó esa percepción. Argumentó que no existe ningún caso en el que pueda suponerse que el Ejecutivo haya influido en alguna resolución.
“Es un dicho extraño”, afirmó. “No hay un solo tema que sugiera interés del Ejecutivo. En materia fiscal, al contrario, estamos resolviendo asuntos que se habían almacenado durante años”.
La ministra señaló que la actual Corte retomó expedientes rezagados desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo que —según explicó— demuestra una ruta distinta a la politización o la influencia partidista.
Revocación de mandato para juzgadores: una propuesta en debate
Batres Guadarrama planteó que el Tribunal de Disciplina Judicial aún debe demostrar su eficacia para supervisar a los juzgadores. Por ello, considera necesario discutir ajustes adicionales a la reforma judicial, incluida la incorporación de un mecanismo de revocación de mandato judicial.
Este instrumento, según explicó, permitiría corregir casos de bajo desempeño profesional sin recurrir a sanciones extremas como la destitución o la inhabilitación. Para la ministra, la vigilancia y la transparencia son indispensables para que los juzgadores “sepan que están siendo evaluados”.
Austeridad y reforma interna
La ministra destacó también que uno de los primeros acuerdos de la nueva SCJN fue ajustar las remuneraciones de las y los ministros conforme al artículo 127 constitucional. Esto implicó la eliminación de seguros como gastos médicos mayores, separación individualizada, pagos por riesgo y gastos de alimentación. Con ello, los ingresos de cada integrante de la Corte quedaron por debajo de los de la Presidencia de la República.
Audiencias públicas y apertura ciudadana
Batres resaltó que ya se realizó la primera audiencia pública bajo el nuevo Pleno, enfocada en escuchar a personas con discapacidad respecto a la invalidez de leyes aprobadas sin consulta. Asegura que este tipo de ejercicios alimentan un Poder Judicial más cercano a la sociedad y con voluntad de escuchar a los sectores históricamente excluidos.
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