Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) se prepara para abrir un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, este martes 30 de diciembre, en la Ciudad de México, por el presunto desvío de recursos federales del sector salud, un caso que podría cerrar definitivamente la puerta a su libertad en 2026 y agravar su situación jurídica.
FGR va de nuevo contra Javier Duarte
La audiencia inicial está programada para las 11:00 horas en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, donde la FGR buscará formular imputación formal por el manejo indebido de recursos públicos durante el gobierno de Duarte en Veracruz.
De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, del diario Milenio, este nuevo intento de judicialización fue posible luego de que Guatemala autorizara a México presentar cargos adicionales contra el exmandatario, conforme a la llamada regla de especialidad, un requisito indispensable tras su extradición en 2017.
Este nuevo frente legal representa un golpe directo a la estrategia de defensa de Duarte, quien en noviembre pasado buscó un beneficio de libertad anticipada, mismo que fue rechazado por un juez federal.
¿De qué acusa ahora la FGR a Javier Duarte?
Desvíos millonarios en el sector salud
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) pretende abrir un nuevo juicio penal por el presunto uso indebido de fondos federales etiquetados para servicios de salud durante la administración de Duarte.
Según el expediente que será presentado ante el juez, los hechos investigados involucran malos manejos por más de cinco millones de pesos, provenientes de un fondo específico destinado a la atención médica de la población veracruzana.
La titular de la FEMCC, María de la Luz Mijangos, seleccionó este caso entre más de 100 carpetas de investigación abiertas tras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias federales.
¿Por qué la audiencia se realiza hasta ahora?
Aplazamientos y estrategia de la defensa
Autoridades federales explicaron que esta audiencia estaba prevista originalmente para el 27 de noviembre, pero fue diferida a solicitud de la defensa del exgobernador, que argumentó un supuesto problema de salud.
El juez concedió el aplazamiento y reprogramó la comparecencia para el 30 de diciembre, fecha clave para la FGR, que busca sentar nuevamente a Duarte ante un juez antes de que concluya 2025 y evitar que se materialice cualquier escenario de liberación.
¿Cómo impacta este proceso en su posible libertad?
Un escenario que se complica rumbo a 2026
El nuevo procedimiento penal podría frenar cualquier posibilidad de libertad para Javier Duarte, incluso cuando concluya su condena actual, prevista para abril de 2026.
Si la imputación prospera, la FGR podría solicitar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, lo que impediría que Duarte abandone el penal al finalizar su sentencia vigente.
Este escenario se suma al revés judicial que sufrió en noviembre pasado, cuando la jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó su solicitud de libertad anticipada.
¿Por qué le negaron la libertad anticipada?
Otros procesos y conducta cuestionada
Durante esa audiencia, la defensa argumentó buena conducta penitenciaria, pero la jueza concluyó que Duarte no cumplía al menos dos de los siete requisitos legales, entre ellos:
- No tener otros procesos judiciales activos
- Mantener una conducta que no obstruya la justicia
La juzgadora señaló que Duarte enfrenta otros expedientes abiertos, como el de desaparición forzada en Veracruz, lo que impide concederle beneficios penitenciarios.
Señalamientos sobre su conducta en prisión
Dilaciones y presuntos privilegios
En esa misma audiencia, la FGR presentó testimonios que apuntan a que Duarte habría entorpecido la acción de la justicia, mediante:
- Dilaciones procesales
- Simulación de enfermedades
- Estrategias para retrasar investigaciones
Cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz declararon que el exgobernador obstaculizó casos relevantes, incluyendo la desaparición de un taxista en 2013, además de enfrentar acusaciones por peculado, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada.
La defensa reconoció que Duarte cuenta con ciertos privilegios penitenciarios, como acceso a celular y facilidades de comunicación, aunque sostuvo que estos forman parte de su derecho a una defensa adecuada.
Un historial marcado por corrupción
El tamaño del desfalco atribuido a su gobierno
La ASF ha señalado que durante el gobierno de Duarte se habría provocado un desfalco superior a 62 mil millones de pesos, una de las cifras más altas documentadas en casos de corrupción en México.
Las investigaciones apuntan al uso de al menos 400 empresas fantasma para:
- Simular servicios
- Desviar recursos federales
- Extraer efectivo mediante contratos irregulares
Uno de los testimonios clave es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero estatal, quien obtuvo un criterio de oportunidad y aseguró que los recursos desviados llegaban directamente al entonces gobernador.