Premiar la justicia no debería desatar una guerra contra ella

El Premio Nobel de la Paz 2026 concedido a Navi Pillay pone en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando quienes defienden el derecho internacional se enfrentan a los gobiernos y dirigentes que rechazan sus consecuencias?

La jurista sudafricana, de 85 años, fue reconocida por su trayectoria en favor de los derechos humanos, la paz y la justicia internacional. Su carrera comenzó en un país marcado por el apartheid, donde defendió a activistas perseguidos, entre ellos Nelson Mandela. Más tarde, formó parte del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, trabajó en la Corte Penal Internacional y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Su mérito no es menor: ha dedicado décadas a sostener que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio deben investigarse y perseguirse, sin importar quiénes sean los responsables. También presidió una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, una conclusión que el Gobierno israelí rechazó.

El Nobel reconoce precisamente la importancia de la rendición de cuentas cuando el poder pretende colocarse por encima de la ley. Y aquí aparece la contradicción: horas después del anuncio, la administración de Donald Trump impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), institución que ha investigado presuntos crímenes internacionales y emitido órdenes de detención contra dirigentes, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Washington justificó sus medidas alegando que busca defender la soberanía estadounidense. La Corte respondió que las sanciones atacan el Estado de derecho y el principio de que nadie está por encima de la ley.

La reacción política ante los mecanismos internacionales de justicia muestra la tensión entre el poder y la obligación de responder por posibles crímenes. Netanyahu y su Gobierno han rechazado las acusaciones relacionadas con Gaza; Estados Unidos, por su parte, ha cuestionado la autoridad de la CPI y ha endurecido su presión contra el tribunal. No hace falta inventar amenazas para advertir la gravedad de esta confrontación: debilitar a las instituciones que investigan crímenes internacionales puede reducir las posibilidades de exigir responsabilidades.

Tanto Estados Unidos como Israel acusan a Navi Pillay de antisemitismo. Pero, ¿la acusación tiene fundamento? El antisemitismo es el prejuicio, la hostilidad o la discriminación contra las personas judías por ser judías. Incluye el odio, la culpabilización de todo un pueblo por las acciones de algunos y las agresiones contra personas o comunidades judías. Es una forma de discriminación real que debe combatirse siempre.

Pero ¡¡¡OJO!!! denunciar las acciones del Estado de Israel no equivale a odiar a los judíos. Cuestionar al Gobierno israelí, exigir el fin de los ataques contra la población palestina, reclamar ayuda humanitaria y pedir que se investiguen crímenes internacionales no constituye antisemitismo. La crítica debe basarse en hechos y evitar prejuicios, amenazas o la atribución de responsabilidades colectivas a las comunidades judías.

Mi postura es clara: condeno las acciones del Estado israelí en Gaza y rechazo las políticas de Netanyahu. En todo caso, me defino como antisionista y antinetanyahuí; no antijudío. Son conceptos distintos y no deben confundirse. El antisionismo cuestiona el sionismo como proyecto político, aunque existen distintas corrientes y motivos para hacerlo; el antisemitismo ataca a los judíos por su identidad. No son sinónimos automáticos, y el contexto de cada expresión importa.

La defensa de Palestina no necesita reproducir el odio que denuncia. Del mismo modo, combatir el antisemitismo no puede convertirse en una excusa para silenciar toda crítica legítima al Gobierno israelí. La misma regla debe aplicarse a todos: ningún Estado debe quedar exento de escrutinio por su poder, sus alianzas o su identidad nacional.

El reconocimiento a Navi Pillay es una oportunidad para recordar que la paz no consiste solamente en detener las armas. También exige justicia, protección para las víctimas y responsabilidad ante la ley. Si el derecho internacional solo se acepta cuando favorece a los poderosos, deja de ser universal.

Defender los derechos humanos significa defenderlos para todas las personas. Y condenar los crímenes atribuidos a un Estado no es condenar a un pueblo ni a una religión. Es exigir que la justicia no tenga excepciones.