Filiberto Cruz MonroyUn operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo resultó en la detención de 98 personas en Tonalá, Chiapas, por el delito de usurpación de funciones públicas. Los implicados, que portaban uniformes policiales, no pudieron acreditar su pertenencia a las fuerzas del orden ni presentar documentación válida durante el procedimiento realizado en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
La acción, enmarcada en la Mesa de Seguridad Regional, incluyó la revisión de armamento e instalaciones. Durante el operativo, se descubrió que tres detenidos portaban armas de fuego, y dos de ellos mantenían comunicación con grupos delictivos para alertar sobre retenes, según evidenció el análisis de sus dispositivos móviles. Estos últimos enfrentan cargos adicionales por posible complicidad con la delincuencia organizada.
La fiscalía inició indagatorias con un equipo multidisciplinario para recabar pruebas que sustenten los cargos, incluyendo la usurpación de funciones y otros delitos conexos. “Las detenciones se realizaron en flagrancia, al no existir credenciales que los avalaran como elementos de seguridad”, explicaron autoridades.
El caso destaca los desafíos de infiltración criminal en instituciones locales. La falta de acreditación de los detenidos revela posibles fallas en los procesos de contratación y supervisión policial, mientras que la colaboración con grupos ilegales expone riesgos para la seguridad ciudadana en la región.
La Mesa de Seguridad Regional, impulsora del operativo, busca reforzar mecanismos de transparencia y control en cuerpos de seguridad, priorizando la erradicación de corrupción y vínculos delictivos. Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades penales y administrativas.