Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V. Esta firma cuenta con el exgobernador de Baja California, Enrique Ruffo Appel, como accionista mayoritario. La detención ocurrió en la Ciudad de México por su presunta participación en delitos de contrabando y delincuencia organizada. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó la captura tras una investigación que destapó una red de trasiego ilegal de hidrocarburos. La mujer fue trasladada al penal federal del Altiplano para enfrentar su proceso legal.
El rol de la apoderada en Ingemar
Según la carpeta de investigación, Guadalupe «N» ejecutaba operaciones clave para la empresa. La FGR señala que declaraba volúmenes de hidrocarburos inferiores a los transportados realmente. Esto permitía evadir el pago de impuestos correspondientes a las autoridades aduaneras.
Además, la detenida fungía como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la compañía. Su papel no se limitaba a trámites aduanales, sino que abarcaba la gestión financiera directa. Las autoridades la localizaron en la exclusiva colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin que opusiera resistencia durante el operativo.
La red de contrabando de hidrocarburos
La investigación inició en julio de 2025, cuando se hallaron 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las pruebas confirmaron que contenían hidrocarburos de procedencia ilícita. Este hallazgo permitió a los agentes federales reconstruir un esquema complejo de operaciones.
La estructura criminal utilizaba empresas fachada, agentes aduanales y operadores logísticos. El modus operandi consistía en mezclar combustible ilegal con producto legalizado para evitar su detección. Con este método, el producto ingresaba al mercado sin pagar los aranceles debidos al fisco.
Hasta el momento, la FGR ha detenido a nueve personas vinculadas a esta trama. Ocho de ellas ya fueron vinculadas a proceso por un juez federal. La indagatoria sigue su curso para deslindar responsabilidades sobre otros actores involucrados, incluyendo posibles nexos con servidores públicos que facilitaron el flujo de mercancías.
La detención representa un golpe significativo contra el contrabando de combustibles en el país. El caso pone bajo la lupa las operaciones financieras de empresas donde participan figuras públicas. Mientras tanto, la FEMDO mantiene las investigaciones abiertas para determinar si existen más implicados en este esquema que defraudó al erario federal mediante la falsificación de declaraciones aduanales y el manejo opaco de recursos.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media.