Jair FigueroaIntegrantes del Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo, acompañados por dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y de la organización Somos México, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar la defensa legal del exgobernador de Baja California. La comitiva solicitó formalmente el cambio de medida cautelar para que el político de 74 años enfrente su proceso penal en prisión domiciliaria debido a su estado de salud y edad avanzada.
Actualmente, el exmandatario estatal permanece bajo prisión preventiva en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Los abogados defensores argumentan que las autoridades han restringido el acceso del procesado a sus medicamentos esenciales dentro del centro penitenciario.
Piden prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo tras presentar juicios de amparo
El equipo legal del político fronterizo confirmó la interposición de dos juicios de amparo indirecto para impugnar el auto de vinculación a proceso dictado por un juez federal. El abogado defensor Arturo Germán Rangel informó que la estrategia judicial busca acreditar que no existen elementos técnicos ni documentales que demuestren la participación directa del exmandatario en los hechos imputados.
La FGR señala al exgobernador por la presunta comisión de tres delitos federales: delincuencia organizada, violación a la Ley de Hidrocarburos y contrabando. Pese a la gravedad de las acusaciones, la defensa sostiene que la carpeta de investigación carece de pruebas que vinculen formalmente a Ruffo Appel con las actividades ilícitas descritas por la fiscalía.
Germán Rangel aclaró ante los medios de comunicación que la revisión de las actas procesales no arroja indicios de responsabilidad directa. Por esta razón, sostienen que mantener la reclusión en un penal de máxima seguridad resulta desproporcionado respecto al perfil del acusado.
La comitiva que acudió a la sede ministerial estuvo encabezada por Verónica Ruffo, hija del exgobernador, quien exigió una aplicación imparcial de la justicia para los ciudadanos de la tercera edad que enfrentan procesos judiciales.
Oposición denuncia persecución política y exige intervención de la FGR
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, junto con el líder de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, y el expresidente Vicente Fox Quesada, expresaron su respaldo absoluto a la familia del procesado durante la jornada de protestas. Los representantes políticos calificaron la detención como un acto represivo por parte de las autoridades federales.
Durante su intervención, Jorge Romero sugirió que la captura del exgobernador guarda una relación temporal con señalamientos públicos recientes que involucran a la administración estatal de Baja California. No obstante, estas declaraciones no incluyeron elementos de prueba documental durante la rueda de prensa afuera de la FGR.
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención institucional en el caso. El dirigente responsabilizó directamente al Gobierno Federal por cualquier complicación médica que comprometa la integridad física de Ernesto Ruffo durante su estancia en Almoloya.
Vicente Fox criticó el trato otorgado al exmandatario al momento de su captura y traslado penal, señalando que la reclusión en un centro de alta seguridad contraviene las consideraciones humanitarias establecidas para adultos mayores convalecientes.
Los delitos que enfrenta el exgobernador de Baja California
La investigación de la FGR que mantiene a Ruffo en prisión preventiva contempla esquemas complejos de presunto tráfico de combustibles y delincuencia organizada. La representación social del Ministerio Público Federal argumenta la necesidad de mantenerlo recluido para evitar riesgos procesales en el desarrollo de las pesquisas.
Sin embargo, la defensa legal insiste en que las autoridades judiciales deben valorar el deterioro físico del imputado antes de prolongar el encarcelamiento cautelar. Los abogados prevén que en las próximas semanas los tribunales colegiados resuelvan los amparos promovidos contra la vinculación a proceso.
El caso continuará en los tribunales federales mientras la comitiva ciudadana mantiene los llamados públicos a la FGR para conceder el resguardo domiciliario. El desenlace de la solicitud dependerá del análisis médico oficial que realice el juez de la causa en las siguientes audiencias.
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