Filiberto Cruz MonroyLa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tendrá acceso a registros de instituciones públicas y privadas para obtener información clave en investigaciones criminales y fortalecer las bases de datos criminalísticos en México.
Esto será posible gracias a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. La iniciativa busca establecer un marco legal para la recolección, análisis y uso de información con el fin de generar inteligencia y mejorar la lucha contra el crimen.
El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia estará interconectado con instituciones como la SSPC, la Sedena, la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías estatales, las secretarías de seguridad estatales y municipales, así como los penales federales y estatales. Además, podrán sumarse otras dependencias mediante convenio, como la Secretaría de Gobernación, Hacienda, el SAT, la UIF, la Cancillería y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras.
También se contempla la participación de entidades privadas, previa firma de convenio, para contribuir al fortalecimiento del sistema, según lo estipula el artículo 5 de la ley.
El titular de la SSPC podrá solicitar información clave para la seguridad nacional, como registros vehiculares, placas, datos biométricos, información telefónica, inmobiliaria, fiscal, de armas de fuego, comercio, seguridad privada y registros de personas detenidas y sentenciadas. El objetivo es extraer indicios y pruebas para las investigaciones en curso.
Este sistema se perfila como un modelo preventivo y proactivo, que permitirá a la SSPC recolectar, procesar y analizar información en tiempo real para identificar riesgos y amenazas a la seguridad pública.
La iniciativa de Sheinbaum busca implementar el modelo de «policía guiada por la inteligencia», en sustitución del esquema tradicional de «policía orientada a los problemas».
Este enfoque, inspirado en el modelo adoptado en Inglaterra y Gales en el año 2000 por la Association of Chief Police Officers (ACPO), se basa en el análisis de información para predecir patrones de criminalidad. Su propósito es lograr una actuación policial anticipada y estratégica, en lugar de reactiva.
La metodología permite identificar patrones de riesgo asociados con grupos criminales, individuos y ubicaciones, con el objetivo de frenar la capacidad operativa de los delincuentes y reducir su margen de acción.
Además, la propuesta de ley enfatiza un enfoque de federalismo cooperativo renovado, donde la Federación y los estados trabajen en conjunto para reforzar la seguridad en México con estrategias basadas en inteligencia y prevención del delito.
Con este sistema, el gobierno busca avanzar hacia un modelo policial más eficiente, predictivo y coordinado, capaz de enfrentar los desafíos de la delincuencia organizada y mejorar la seguridad pública en el país.