Héctor O. CarriedoEn medio de la creciente polarización política en el radio del denominado círculo rojo dentro y fuera de México, el término “narcoestado” ha dejado de ser una categoría analítica para convertirse en un instrumento de confrontación ideológica y presión geopolítica. La expansión del crimen organizado, la corrupción regional y la violencia son problemas reales y profundamente graves; pero es poco serio y superficial equiparar automáticamente esos fenómenos con una supuesta captura del Estado mexicano, lo cual es una simplificación que distorsiona la complejidad institucional, histórica y estratégica del país. Comprender esa diferencia resulta indispensable para evitar que el debate público sea sustituido por narrativas propagandísticas que terminan debilitando la posición internacional de México y erosionando la credibilidad de sus propias instituciones.
El uso propagandístico del concepto de “narcoestado” en contra de los gobiernos de Morena se ha convertido en un eje del discurso opositor dentro y fuera del país. Un análisis serio y metodológicamente riguroso obliga a distinguir entre problemas estructurales reales de seguridad y una etiqueta de propaganda que pretende construir una narrativa que simplifica, exagera o instrumentaliza políticamente fenómenos mucho más complejos.
México enfrenta desde hace décadas una penetración profunda del crimen organizado en ámbitos municipales, corporaciones policiales, economías regionales y estructuras políticas locales. Ese fenómeno no nació en 2018 ni puede atribuirse exclusivamente a los gobiernos de la 4T.
Como ha sido demostrado con el análisis histórico y la evolución sexenal de los mismos cárteles, estos consolidaron su expansión territorial a lo largo de los sexenios del periodo neoliberal, sobre todo en el lapso 2000-2018, marcados por la corrupción institucional, fragmentación policial y violencia creciente.
Uno de los elementos más utilizados para divulgar la narrativa de “narcoestado” ha sido la frase obradorista “abrazos, no balazos”, frecuentemente presentada como prueba de una supuesta política de tolerancia o protección hacia los grupos criminales. No obstante, interpretar esa pieza de lenguaje metafórico de forma literal resulta analíticamente incorrecto y políticamente simplista.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí se realizaron capturas y extradiciones de alto perfil contra líderes y operadores relevantes de distintos grupos criminales, un hecho que contradice la interpretación literal de “abrazos, no balazos” como supuesta renuncia al combate operativo contra el narcotráfico. Es así que entre los principales capos extraditados o entregados a procesos judiciales en Estados Unidos durante el sexenio de AMLO destacan: Ovidio Guzmán López (“El Ratón”), integrante de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador histórico del extinto Cártel de Guadalajara y posteriormente vinculado también a estructuras del Cártel de Sinaloa; Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”), exlíder de Los Zetas y posteriormente del Cártel del Noreste; Óscar Omar Treviño Morales (“Z-42”), dirigente de Los Zetas y del Cártel del Noreste; Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”), antiguo líder del Cártel de Juárez. A ellos se sumaron otros operadores y mandos relevantes vinculados a los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa, Noreste, Santa Rosa de Lima y remanentes de los Zetas.
En términos cuantitativos, durante el sexenio de López Obrador México se mantuvo un nivel elevado de cooperación bilateral en materia de extradiciones y seguridad, y se realizaron centenares de extradiciones hacia Estados Unidos, incluyendo operadores financieros, jefes regionales, traficantes de fentanilo y mandos logísticos pertenecientes principalmente al Cártel de Sinaloa.
Es claro que la frase “abrazos, no balazos” debe entenderse más bien como una crítica a la estrategia exclusivamente militar implementada desde 2006 y hasta 2018. Es sobre todo una metáfora política orientada a enfatizar la atención a las causas sociales de la delincuencia, la reducción de pobreza y la implementación de programas para jóvenes.
Es decir, el planteamiento obradorista no consistía formalmente en abandonar el uso legítimo de la fuerza del Estado, sino en cuestionar la lógica de guerra frontal permanente como única política de seguridad. Otra discusión distinta es si esa estrategia produjo resultados suficientes o si logró reducir efectivamente la violencia.
La experiencia histórica demuestra que la existencia de corrupción, infiltración criminal o vínculos locales entre políticos y organizaciones delictivas no convierte automáticamente a un país en un “narcoestado”. Bajo ese criterio, numerosas democracias con graves problemas de crimen organizado tendrían que ser clasificadas del mismo modo, incluyendo países de América Latina, Europa del Este e incluso regiones de Estados Unidos afectadas por redes criminales y corrupción institucional.
El concepto de “narcoestado” implica que el aparato estatal en su conjunto ha sido capturado por organizaciones criminales y opera subordinado estructuralmente a ellas. La evidencia disponible sobre México no sostiene esa conclusión. El Estado mexicano mantiene el control fiscal y monetario, funcionamiento electoral competitivo y pluralidad política; fuerzas armadas institucionales; cooperación internacional; persecución y captura de líderes criminales, y capacidad de regulación y control sobre la mayor parte del territorio nacional.
Además, durante los últimos años se han registrado elementos que contradicen directamente la idea de colapso estructural, ya que se registra un crecimiento sostenido de la recaudación fiscal; expansión de programas sociales; estabilidad macroeconómica; incremento de inversión pública en infraestructura; estabilidad cambiaria; crecimiento del empleo formal, y continuidad institucional sin rupturas constitucionales.
Más aún, las propias agencias estadounidenses mantienen con México mecanismos permanentes de cooperación en materia de inteligencia, combate al tráfico de armas, extradiciones, control fronterizo, lavado de dinero y combate al fentanilo. Resultaría contradictorio que Washington sostuviera niveles tan amplios de cooperación estratégica con un Estado capturado por organizaciones criminales.
Eso no significa negar el problema. Existen regiones con captura criminal parcial, autoridades locales coludidas, corrupción sistémica en algunas entidades federativas y una capacidad persistente de los cárteles para influir en economías y estructuras políticas regionales. El desafío es real, pero transformar automáticamente esos fenómenos locales o subnacionales en prueba concluyente de un “narcoestado” responde más a una estrategia de construcción propagandística y desgaste político que a un estándar analítico riguroso.
También debe considerarse el contexto geopolítico. En Estados Unidos, México se ha convertido en tema central de disputa electoral, por lo que ciertos sectores políticos estadounidenses han impulsado discursos crecientemente agresivos hacia el gobierno mexicano, utilizando frecuentemente categorías simplificadoras que amplifican percepciones de caos o colapso institucional. El bloque opositor de actores políticos y mediáticos todavía hegemónicos ha construido y retomado esas narrativas como mecanismo de presión política interna y externa.
El problema de fondo es que la utilización indiscriminada del término “narcoestado” puede terminar debilitando internacionalmente a México más allá de cualquier coyuntura partidista. Los intentos de deslegitimación de las instituciones nacionales claramente afectan la inversión y confianza empresarial, así como las expectativas económicas, la estabilidad financiera y la credibilidad diplomática.
En su discurso del 31 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió precisamente a esa narrativa señalando que existe una campaña orientada a presentar a México como un Estado fallido subordinado al crimen organizado. La mandataria sostuvo que su gobierno no protegerá a ningún actor vinculado con actividades ilícitas, pero rechazó categóricamente que pueda equipararse la existencia de corrupción o infiltración criminal regional con la idea de que el Estado mexicano en su conjunto haya sido capturado por los cárteles.
También defendió la soberanía nacional frente a presiones externas y advirtió sobre el riesgo de utilizar acusaciones sin sentencia firme como instrumentos de desestabilización política y mediática.
La narrativa del narcoestado no solo tiene implicaciones internas; también se ha convertido en instrumento de presión geopolítica en el marco de la disputa estratégica entre México y sectores del poder estadounidense.
En ese contexto adquirió especial relevancia la carta difundida por el expresidente López Obrador y sintetizada políticamente en la frase: “por el bien de todos, que regrese el otro Trump”. Más allá de la provocación retórica, el mensaje parece reflejar varias preocupaciones estratégicas del obradorismo frente al nuevo clima político estadounidense.
La primera es la percepción de que sectores del establishment político y de seguridad en Washington han endurecido significativamente la presión sobre México, mediante narrativas asociadas al combate al narcotráfico, el fentanilo y la supuesta infiltración criminal del Estado mexicano. Esas presiones evidentemente no son solo técnicas o judiciales, sino también instrumentos de reposicionamiento geopolítico y disputa electoral interna en Estados Unidos.
La segunda razón probable radica en que durante la presidencia anterior de Trump (2017-2021), pese a la retórica agresiva y los constantes choques mediáticos, existió una relación pragmática y funcional entre ambos gobiernos. López Obrador encontró entonces un margen de negociación basado en acuerdos directos, control migratorio y entendimientos económicos que evitaron confrontaciones mayores en ámbitos como energía, estabilidad financiera o cooperación comercial.
La tercera explicación posible es que el obradorismo percibe que ciertos sectores demócratas, organismos multilaterales, medios internacionales y agencias estadounidenses han mostrado una postura más crítica hacia la concentración de poder político de Morena, y los señalamientos de colusión criminal de algunos actores.
En este contexto, la carta de AMLO es un documento político de alta precisión. En contenido, ofrece apoyo incondicional a Claudia Sheinbaum para blindar la continuidad de la 4T, mientras construye un contraste hábil entre el Trump pragmático y cooperativo de 2017-2021 y el actual, al que presenta como manipulado por “halcones” y consejeros belicistas. Su alcance es potente: consolida a Andrés Manuel como figura fundacional del movimiento en el poder, marca el tono de la relación bilateral en 2026 y dota a Morena de una herramienta narrativa eficaz para enfrentar cualquier escalada, aunque arriesga endurecer posturas en Washington.
Epílogo
Criticar errores gubernamentales, exigir transparencia o investigar posibles vínculos criminales es indispensable en una democracia. Pero sustituir el análisis por etiquetas propagandísticas e interpretación ideologizada ha deteriorado la discusión pública, buscando erosionar la soberanía y legitimidad del Estado mexicano.
México enfrenta uno de los desafíos de seguridad más complejos de su historia contemporánea, y negar la magnitud del problema sería tan irresponsable como utilizarlo políticamente para presentar al país como un Estado colapsado. La lucha contra el crimen organizado exige instituciones más fuertes, fiscalías más eficaces, gobiernos locales menos vulnerables a la corrupción y una cooperación internacional seria y equilibrada. Pero también nos obliga a rechazar las narrativas simplificadoras que convierten una crisis real en un instrumento de desgaste político y presión geopolítica. Defender la soberanía institucional del Estado mexicano no implica negar sus problemas: implica evitar que la desinformación, el oportunismo político y los intereses externos terminen sustituyendo al análisis riguroso y debilitando al propio país que dicen querer rescatar.