Filiberto Cruz MonroyUna reforma al poder judicial que lleve a la eliminación de órganos autónomos podría tener consecuencias significativas para la percepción del Estado de derecho en el país, así como para el ambiente de negocios. Esta modificación en la estructura judicial podría generar incertidumbre en los mercados y reducir los niveles de inversión, afectando negativamente la economía en su conjunto. La mayoría calificada necesaria en el Congreso para aprobar tales cambios intensifica la preocupación entre los analistas económicos y los inversores.
Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dirigido por Carlos Hurtado López, las actividades del sector privado son fundamentales para la economía nacional, ya que representan el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) y un porcentaje similar del empleo. Una disminución en el nivel de inversión privada, calculada en un punto porcentual, podría repercutir en una desaceleración de 0.3 décimas de punto porcentual en el ritmo de crecimiento del PIB. Esta relación refleja la profunda interconexión entre inversión y crecimiento económico.
El impacto de una menor inversión no se limita al crecimiento económico. Según el CEESP, una reducción en la inversión podría resultar en la pérdida de aproximadamente 60 mil empleos, lo cual tendría un efecto significativo en el mercado laboral. Además, si el PIB total creciera solo un punto porcentual menos de lo esperado, se dejarían de crear hasta 200 mil nuevos puestos de trabajo, evidenciando el peso que la inversión tiene en la generación de empleo.
El impacto en las finanzas públicas también sería notable. Una disminución del crecimiento del PIB en un punto porcentual reduciría los ingresos tributarios en unos 53 mil millones de pesos. Esta cifra es crucial dado que para el año 2025, se han destinado 50.8 mil millones de pesos al programa de atención a la salud y 51.8 mil millones de pesos a las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez. La reducción en los ingresos podría dificultar la ejecución de estos programas esenciales.
El CEESP también advierte que un entorno de mayor riesgo percibido podría elevar los costos de financiamiento de la deuda. Este aumento en el costo del crédito afectaría la capacidad del gobierno y de las empresas para financiar proyectos y operaciones, exacerbando la presión económica sobre el país. Además, la incertidumbre en el entorno financiero podría desalentar aún más la inversión extranjera y local.
En el ámbito internacional, el impacto de la reforma podría ser severo. Una disminución del crecimiento de las exportaciones en un punto porcentual afectaría el PIB total en 0.25 puntos porcentuales. Dado que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige un poder judicial autónomo, cualquier cambio en esta área podría generar tensiones con los socios comerciales y afectar la posición del país en el mercado global.