Filiberto Cruz MonroyBajo la dirección de Raquel Buenrostro, quien anteriormente ocupó la titularidad de la Secretaría de Economía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha establecido oficialmente la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Esta nueva entidad sustituirá a la Secretaría de la Función Pública y tiene como principal objetivo fortalecer la estrategia anticorrupción del gobierno anterior, buscando beneficiar al pueblo y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.
Esta mañana, Buenrostro, siguiendo las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la nueva secretaria tiene como meta hacer más eficaz y confiable la administración pública. Esto se logrará mediante la garantía de transparencia en el uso de los recursos públicos y una vigilancia constante sobre su manejo, aspectos esenciales para la buena gobernanza.
Un aspecto central de esta estrategia es la separación efectiva del poder político y el poder económico, lo que permitirá implementar procesos más ágiles y justos, evitando que solo las grandes empresas se beneficien. Buenrostro enfatizó que esta separación es un paso crucial hacia la reducción de la desigualdad en el país, ya que al frenar la corrupción se podrán destinar más recursos a programas sociales que impacten directamente en la vida de los ciudadanos.
La secretaria también subrayó que la estrategia será fundamentalmente preventiva, priorizando la identificación de riesgos antes de que ocurran irregularidades. Para ello, se llevará a cabo una colaboración estrecha con diversas dependencias estatales y federales, destacando que trabajar en el gobierno es una vocación que exige principios y valores sólidos entre los servidores públicos.
Finalmente, Buenrostro anunció que se implementarán mecanismos contra la impunidad, incluyendo sanciones más severas para quienes incurran en actos corruptos. La Secretaría ya ha comenzado sus labores en sectores clave como el de la salud y el Tren Maya, revisando contratos con proveedores. Además, aseguró que la eventual desaparición del Instituto Nacional de Transparencia no limitará el acceso a la rendición de cuentas, ya que se establecerán mecanismos que aseguren la disponibilidad de información pública.