Gobierno analiza acciones penales por caso de corrupción en INE
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido descartar el juicio político en el Congreso contra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para evitar un desgaste político de cara a los procesos electorales y optar por acelerar las investigaciones penales en la Fiscalía General de la República (FGR). Según fuentes cercanas a la mandataria consultadas por EL PAÍS, la instrucción es trasladar el caso del terreno político al judicial para que se finquen responsabilidades y se llegue a prisión si existen elementos suficientes.
El cálculo político del oficialismo determinó que abrir un procedimiento de juicio político en el Legislativo brindaría argumentos a la oposición para explotar la relación que Morena mantuvo con Taddei en el pasado. Ante esto, la administración federal ha optado por una salida institucional y profiláctica, apoyándose en las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las pesquisas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las querellas que prepara el propio instituto electoral.
Preocupación por redes de complicidad y bloqueos financieros
A la administración federal le inquietan los indicios de que la red de presuntas irregularidades vinculadas a Taddei y a su proveedor principal, José Alfredo Hernández Casillas, pudiera extenderse hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), comprometiendo a actores políticos del partido guinda tanto en entidades federativas como a nivel nacional.
El cerco judicial alrededor de la exfuncionaria se ha estrechado drásticamente tras los anuncios del máximo órgano fiscalizador y de la UIF, instancia que ordenó el bloqueo de cuentas de 40 personas implicadas en el entramado de presunta corrupción —incluyendo a Taddei, a Hernández Casillas y al hermano de este— y presentó una denuncia penal ante la FGR. Por su parte, la titular provisional del INE, Blanca Cruz, confirmó que los equipos jurídicos del organismo interpondrán recursos contra los funcionarios y exfuncionarios involucrados en las irregularidades administrativas.
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