Filiberto Cruz MonroyEl expresidente Felipe Calderón reaccionó a la sentencia de 38.5 años impuesta a Genaro García Luna el 16 de octubre de 2024, en una Corte de Brooklyn, Estados Unidos. En una serie de tuits, Calderón defendió su postura, afirmando que nunca tuvo evidencia verificable que vinculara al exsecretario de Seguridad con actividades ilícitas. Su mensaje llegó poco después de que el juez federal Brian Cogan anunciara la pena de 460 meses, lo que generó un debate sobre la gestión de la seguridad durante su administración.
En sus tuits, Calderón destacó que no recibió información de ninguna agencia de inteligencia, ya sea mexicana o extranjera, que sugiriera la implicación de García Luna en actividades delictivas. Afirmó que, aunque no tuvo acceso a las pruebas presentadas en el juicio, respeta la acción de los tribunales y sostiene que aquellos que infrinjan la ley deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Esta defensa busca enmarcar su gobierno en un contexto de legalidad, a pesar de la gravedad de las acusaciones.
El expresidente también reflexionó sobre la lucha contra el crimen organizado, considerándola una de las decisiones más difíciles de su mandato. No obstante, reiteró que lo haría nuevamente, afirmando que es lo correcto. En sus palabras, el verdadero enemigo de México es el crimen organizado, que causa estragos en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. Esta declaración reafirma su compromiso con la estrategia de seguridad que implementó durante su administración.
Calderón invitó a la sociedad a evaluar los resultados de su gobierno en comparación con los de las administraciones posteriores, sugiriendo que el avance o retroceso del crimen será evidente. Enfatizó que, ante la violencia y la maldad de los criminales, un presidente debe elegir entre luchar o abdicar. Su elección de luchar, argumenta, se basa en principios legales, morales y políticos que definen su visión sobre la seguridad.
Finalmente, la sentencia a García Luna y la respuesta de Calderón reabren el debate sobre la política de seguridad en México y las implicaciones de la corrupción en las altas esferas del gobierno.