Jair FigueroaEl Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, aunque advirtió que persisten graves desafíos de seguridad. Michael Gonzales, funcionario estadounidense de alto nivel, confirmó que Washington evalúa utilizar todos los recursos a su alcance para desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La postura de la Casa Blanca combina reconocimiento público con una fuerte presión bilateral. Las declaraciones ocurren tras el anuncio de una bolsa millonaria de recompensas y la cancelación de visas a personas ligadas a grupos criminales en territorio mexicano.
Colaboración y advertencias en el combate al narcotráfico
Michael Gonzales, subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, destacó que la mandataria mexicana mantiene un compromiso público visible para frenar el trasiego ilícito de drogas. Afirmó que ambas naciones sostendrán una coordinación cercana durante los próximos meses.
Sin embargo, el representante estadounidense matizó que los esfuerzos actuales resultan insuficientes ante la magnitud del problema. Sostuvo que Washington analiza implementar medidas directas que complementen o sustituyan áreas donde las autoridades mexicanas enfrentan limitaciones operativas.
Esta postura refleja la exigencia del gobierno de Donald Trump hacia la administración de Claudia Sheinbaum. El mandatario republicano ha insistido en catalogar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, abriendo la puerta a medidas más agresivas en la región.
Recompensas millonarias y cancelación de visas al CJNG
Washington formalizó un paquete de recompensas que supera los 100 millones de dólares para capturar a los principales líderes del CJNG. Las autoridades ofrecen hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias «El Pelón», señalado como sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».
De manera paralela, el gobierno estadounidense prohibió el ingreso a su país a 65 familiares y socios vinculados con esta red delictiva. Las autoridades migratorias revocaron de forma inmediata el visado a 26 personas contempladas en esta lista de restricciones.
El Departamento de Estado evitó confirmar si existen gobernadores o funcionarios públicos mexicanos dentro de los sancionados. No obstante, las revisiones migratorias generan controversia ante señalamientos previos contra mandatarios de estados fronterizos y del noroeste de México.
Gonzales ratificó que la prioridad absoluta de su gobierno consiste en destruir las estructuras delictivas para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La relación bilateral se mantendrá bajo estricta observación conforme avancen los operativos conjuntos en los puntos de mayor violencia.
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