Jair FigueroaEl presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó este lunes en Ciudad de México que el gobierno de Morena es “más corrupto” y exigió la liberación de los detenidos tras la marcha convocada por la Generación Z el pasado 15 de noviembre, al criticar el uso de la fuerza pública y responsabilizar a la administración federal de un manejo político del conflicto.
Críticas directas al gobierno federal
Durante una conferencia de prensa, Moreno cuestionó la actuación de las autoridades capitalinas y federales respecto a la manifestación realizada en el Zócalo, donde se registraron enfrentamientos, daños al mobiliario urbano y detenciones de participantes.
El dirigente tricolor afirmó que la respuesta del gobierno fue excesiva y políticamente dirigida. En su posicionamiento, acusó al oficialismo de criminalizar a jóvenes manifestantes y sostuvo que la protesta “fue ciudadana”, no organizada por fuerzas políticas opositoras.
Moreno aseguró que, mientras se despliega fuerza contra los manifestantes, el gobierno federal “no actúa con la misma determinación” frente a la delincuencia organizada, e hizo referencia a cifras de violencia en entidades como Sinaloa. En su señalamiento, el legislador utilizó lenguaje agresivo, mismo que forma parte de la cita textual en su declaración y que ha generado reacciones públicas en distintos sectores políticos.
Llamado a renuncia en la CNDH
Reclamo por falta de pronunciamiento
En su intervención, el senador priista exigió también la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, al señalar que el organismo no se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos en la marcha del 15 de noviembre, donde se reportaron detenciones y enfrentamientos con elementos policiales.
Moreno argumentó que la CNDH tiene la obligación de revisar de manera inmediata posibles vulneraciones a derechos humanos y criticó la ausencia de un comunicado formal sobre el caso.
Las declaraciones y su contexto
Señalamientos contra figuras de Morena
El presidente del PRI también acusó directamente a personajes vinculados con la administración federal y con Morena de “promover división” y de “polarizar” a la opinión pública. Entre los nombres mencionados se encuentran Epigmenio Ibarra, el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” y el vocero Jesús Ramírez Cuevas.
Moreno afirmó que exhibirá públicamente lo que llamó “actitudes de propaganda y confrontación” y sostuvo que dichos actores “deben rendir cuentas” ante la ciudadanía.
En su posicionamiento público, el dirigente priista utilizó frases descalificatorias, que fueron citadas textualmente en distintos medios y replicadas ampliamente en redes sociales. Su discurso, marcado por un tono confrontativo, se enmarca en un contexto de tensión política posterior a la marcha de la Generación Z, una movilización que, según el PRI, surgió “de manera espontánea” ante el descontento social.
Debate sobre el origen de la marcha
El dirigente tricolor rechazó que la marcha del 15 de noviembre haya sido organizada por la oposición, como señalaron legisladores y militantes de Morena. De acuerdo con su versión, la movilización reflejaría un malestar ciudadano con el gobierno actual, particularmente en materia de seguridad, violencia y atención a jóvenes.
El gobierno capitalino, por su parte, indicó que se investigan convocatorias previas en redes sociales para derribar vallas, así como presunta participación de grupos que actuaron de manera coordinada durante los disturbios. La Fiscalía capitalina mantiene carpetas de investigación abiertas respecto a agresiones y daños registrados durante la protesta.
Dimensión política del conflicto
Especialistas consultados en días recientes han señalado que la confrontación verbal entre fuerzas políticas se ha intensificado a raíz de la marcha, en un contexto nacional marcado por discursos polarizados y reclamos entre partidos por el manejo de la seguridad y la relación con grupos de jóvenes.
Las declaraciones de Moreno —que incluyeron expresiones ofensivas citadas en contexto periodístico— forman parte de una estrategia política de oposición, en la que el PRI busca posicionarse como un contrapeso frente a Morena y la administración federal.
La tensión creciente podría influir en el ambiente legislativo y electoral, especialmente ante la proximidad de discusiones presupuestales y debates sobre políticas de seguridad pública.
La discusión política tras los hechos del 15 de noviembre continúa abierta. El PRI anunció nuevas conferencias y una estrategia mediática para “visibilizar” lo que considera un manejo inadecuado por parte del gobierno. Morena, por su parte, sostiene que existen elementos de provocación organizados y ha solicitado investigaciones sobre los presuntos grupos detrás de las agresiones.
Mientras tanto, familiares de algunos detenidos, organizaciones civiles y actores políticos demandan claridad en las investigaciones, respeto a los derechos humanos y transparencia en la actuación de las instituciones.
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