¿Y si no hubiera habido videos?

Guadalupe Taddei se despidió del INE con una frase de bronce: las personas cumplen ciclos, las instituciones permanecen. La frase es elegante, pero encubre lo esencial. Aquí no terminó un ciclo. Aquí falló un sistema. Y lo que esta renuncia deja al desnudo es una verdad que incomoda a todos: en México, los órganos de control no descubrieron nada. Lo descubrió una cámara.

Conviene ordenar los hechos, porque el orden es la acusación. Desde febrero, la prensa documentó que Cajas Graf, proveedora de material electoral, había recibido contratos millonarios de los dos institutos que Taddei presidió. Se publicó que un antiguo representante legal de esa empresa había llegado a dirigir la Administración del propio INE. Se informó que un supuesto chofer de la consejera aparecía como apoderado de una empresa hermana. Meses de evidencias publicadas. Silencio institucional. Lo que rompió la inercia no fue un auditor, ni un contralor, ni un fiscal. Fue un video: la consejera presidenta en una fiesta en casa del contratista y, días después, su hijo brindando con él en una suite de París. Solo entonces la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio. Solo entonces hubo relevos. Solo entonces vino la renuncia.

Las acusaciones están bajo investigación y nadie debe ser condenado por una grabación. Pero hay algo profundamente perverso en un país donde nadie investiga hasta que existe una grabación.

Lo más grave es que las alarmas ya habían sonado. La Unidad de Inteligencia Financiera había congelado cuentas de Cajas Graf y de Corporativo Zeg, y la autoridad de competencia había abierto un expediente por prácticas monopólicas en 2024. Aun así, en marzo de 2025 el INE firmó con Cajas Graf un contrato de hasta 198.7 millones de pesos. Meses después, un exrepresentante de esa misma empresa fue nombrado director de Administración. El propio Órgano Interno de Control llegó a denunciar documentos alterados en auditorías de este año. Las piezas estaban sobre la mesa. Nadie quiso armar el rompecabezas.

Un sistema de control existe para cuatro cosas: prevenir, detectar, investigar y sancionar. En este caso falló en las cuatro, y no por accidente. No previno, porque el Congreso aprobó en 2024 que la presidencia del INE nombrara por sí sola a quienes manejan el dinero, sin el aval del Consejo General. Se desmontó el contrapeso y luego nos sorprendimos de que no hubiera contrapeso. No detectó, o detectó y calló. Investigó tarde, arrastrado por la prensa. Y sancionar, por ahora, es una promesa.

Por eso la pregunta que sigue es la verdaderamente inquietante: ¿cuántos casos más existen en otras instituciones del gobierno que nunca llegan a los medios? Si en el árbitro electoral, uno de los organismos más vigilados del país, hicieron falta meses de periodismo y un video viral, ¿qué ocurre en una paraestatal, en una delegación, en un fideicomiso del que nadie habla? La corrupción que no se filtra no desaparece. Solo se vuelve invisible. Y lo invisible, en un país sin controles, se vuelve rutina.

Nadie puede presumir manos limpias en este deterioro. El Sistema Nacional Anticorrupción nació en 2016 sin fiscal ni magistrados, sacrificado en disputas entre quienes entonces gobernaban. Hoy sobrevive con órganos ciudadanos incompletos por omisiones del Senado, mientras desaparecieron instancias autónomas de transparencia y competencia. Cada institución que se debilita es un ojo que se cierra. Y cuando el Estado se queda ciego, el control queda en manos de un reportero con una fuente valiente o de un empresario imprudente con un teléfono.

Habrá quien diga que el sistema funcionó: hubo prensa libre, hubo presión, hubo renuncia, hay auditoría. Es cierto, y la libertad de prensa que lo hizo posible merece defensa sin reservas. Pero confundir el escándalo con la rendición de cuentas es un autoengaño peligroso. El periodismo es el último recurso, no el primero. Cuando se convierte en el único, la democracia está operando en modo de emergencia.

Por eso la renuncia no puede cerrar el caso. Irse no es rendir cuentas; a veces es apenas la forma más elegante de evitarlas. Es indispensable que la ASF y el Órgano Interno de Control lleguen al fondo, que los resultados sean públicos, que se revise cada contrato y cada nombramiento de esta gestión y que, si se acreditan responsabilidades, haya sanciones administrativas y penales. De lo contrario, el mensaje será devastador: que en México basta con renunciar a tiempo para que el expediente se archive solo.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la salida como una buena decisión y pidió auditorías. Es lo mínimo. La prueba de fondo será otra: si dentro de seis meses sabemos qué pasó, quién lo permitió y qué castigo hubo. O si este caso se suma a la larga lista de escándalos que indignan una semana y se olvidan al mes siguiente.

Combatir la corrupción exige instituciones que funcionen, no escándalos mediáticos que obliguen a actuar. Un Estado que solo reacciona ante el video no combate la corrupción: administra su exhibición. Taddei se va. La pregunta que se queda es cuántas fiestas más ocurren hoy, en otras oficinas, sin que nadie esté grabando.