RedacciónDespués de una audiencia de 23 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja decidió que existían pruebas suficientes para vincular a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, a pesar de que la defensa del señalado presentó cinco líneas argumentativas para contrarrestar lo expuesto por la Fiscalía General del Estado.
La audiencia dio inicio a las 9:23 horas del pasado lunes 23 de marzo, en la que la defensa del exmandatario estatal, Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que los señalamientos por parte de la autoridad eran incompetentes, derivado de que los delitos que se le buscaban imputar estaban relacionados con actos de corrupción; es decir, que tendría que haber sido la fiscalía en dicha materia la encargada de la investigación.
Por otro lado, señalaron que no existían pruebas para vincular a Bonilla Valdez, derivado de que, en el caso de abuso de autoridad, el pago de los 123 millones de pesos se realizó en un lapso del 20 de enero al 11 de febrero de 2022, siendo un tiempo posterior a que el exgobernador terminara su administración; en ese mismo sentido, lo señalado en relación con el delito de peculado también habría ocurrido después de la gestión del acusado.
Los argumentos de la defensa y la decisión del juez
Finalmente, con respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la defensa argumentó que dicha situación está relacionada con la adquisición de un crédito fiscal, y lo ocurrido con el proyecto de la planta fotovoltaica fue un contrato plurianual para la adquisición de un servicio, por lo cual no cumplía con las condiciones para la tipificación de dicha actividad ilegal.
A pesar de lo comentado por los abogados del exgobernador y horas después del inicio de la audiencia, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó vincular a proceso a Jaime Bonilla Valdez (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP) por los tres delitos.
El largo proceso judicial
Dicha vinculación se da casi cuatro años después de la presentación de la denuncia, proceso que no pudo avanzar durante todo ese tiempo derivado del fuero con el que contaba el exfuncionario cuando era senador y de las múltiples faltas a las audiencias por diversos motivos; sin embargo, a inicios del mes de marzo de 2026 se le giró una orden de presentación, razón por la cual ya no pudo dilatar más el proceso.
Por último, el juez otorgó seis meses para el cierre de la investigación y, como medida cautelar, tendrá que pagar la cantidad de 100 mil pesos.
La vinculación a proceso de Jaime Bonilla marca un hito en el caso de corrupción que involucra al exgobernador de Baja California, tras casi cuatro años de dilaciones procesales.
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