Héctor O. CarriedoLo que hoy ocurre en Sinaloa e involucra la relación binacional ya no puede entenderse únicamente como un episodio de la “guerra contra las drogas”. La solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios marca algo mucho más profundo: una disputa política, judicial y geopolítica sobre la soberanía mexicana y sobre el alcance que Estados Unidos pretende asumir dentro de los asuntos internos de México.
El análisis serio del problema debe recurrir a los antecedentes. Durante los sexenios panistas de 2000 a 2012, el Cártel de Sinaloa consolidó buena parte de su poder económico, territorial y financiero. El dato más contundente es que Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy se encuentra condenado en Estados Unidos por vínculos con el propio Cártel de Sinaloa. Ese hecho desmonta cualquier intento de responsabilizar exclusivamente a los gobiernos recientes por un fenómeno criminal incubado durante décadas bajo esquemas de corrupción institucional y complicidad política.
También debe reconocerse un hecho central que frecuentemente es minimizado por sectores opositores a la Cuarta Transformación y medios internacionales: fue el gobierno de la 4T el que finalmente capturó y extraditó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después del fallido operativo de 2019. La administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión compleja y de alto costo político y operativo, ejecutando una captura que gobiernos anteriores no concretaron.
Esa misma acción de la 4T abrió una nueva etapa en la relación bilateral en la materia. A partir de la extradición de Ovidio, Estados Unidos pasó a concentrar una enorme cantidad de información estratégica relacionada con el Cártel de Sinaloa. La posterior cooperación judicial de integrantes de Los Chapitos y el secuestro o extracción de Ismael “El Mayo” Zambada profundizaron ese proceso.
Ahí se encuentra el fondo del conflicto. Washington dejó de enfocarse únicamente en capos del narcotráfico y comenzó a construir investigaciones sobre posibles redes políticas, financieras e institucionales vinculadas al crimen organizado. El problema es que esa estrategia ha empezado a desarrollarse bajo una lógica crecientemente extraterritorial, donde agencias y cortes estadounidenses pretenden actuar como árbitros privilegiados sobre actores políticos mexicanos sin respetar plenamente los mecanismos de coordinación institucional entre ambos países.
Ese fue precisamente el sentido del posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de abril. Más allá del tono diplomático, la mandataria defendió principios fundamentales de soberanía, debido proceso y jurisdicción nacional. Sheinbaum dejó claro que México no puede aceptar investigaciones construidas unilateralmente desde Washington sin compartir previamente pruebas ni información suficiente con las autoridades mexicanas.
La presidenta enfrenta un desafío particularmente delicado. Por un lado, México requiere mantener cooperación estratégica con Estados Unidos en materia comercial, migratoria y de seguridad. Pero por otro, existe el deber constitucional y político de impedir que la relación bilateral derive en formas de subordinación judicial o injerencia extranjera incompatibles con la soberanía nacional.
Además, el conflicto podría ampliarse rápidamente hacia otros estados fronterizos. La controversia reciente relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y las versiones sobre presencia o actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, anticipa un escenario donde Washington podría incrementar presiones políticas y operativas bajo el argumento del combate al fentanilo y al crimen organizado.
La respuesta de Claudia Sheinbaum probablemente seguirá una ruta de firmeza institucional y cooperación responsable. Es decir: mantener coordinación con Estados Unidos en seguridad e inteligencia, pero exigiendo respeto absoluto a las instituciones mexicanas, al derecho internacional y a los canales formales de colaboración bilateral.
Y el contexto internacional vuelve todavía más sensible este conflicto. México se aproxima a la revisión política del T-MEC y al Mundial FIFA 2026, dos procesos donde estabilidad económica, seguridad e imagen internacional serán fundamentales. Estados Unidos necesita una relación funcional con México para proteger cadenas de suministro, inversiones estratégicas y seguridad fronteriza. Por ello, aunque las tensiones probablemente aumentarán, tampoco parece viable una ruptura de fondo entre ambos gobiernos.
Lo más probable es que la relación bilateral entre en una etapa de cooperación intensa, pero también de fuertes disputas sobre soberanía, inteligencia y control político del territorio. Washington buscará profundizar mecanismos de presión e influencia; México, en cambio, intentará preservar márgenes de autonomía nacional sin romper la relación estratégica con su principal socio comercial.
El impacto electoral también será importante. En Estados Unidos, el tema del fentanilo y los cárteles seguirá utilizándose electoralmente para endurecer posiciones frente a México. En nuestro país, rumbo a 2027, la oposición buscará aprovechar cualquier señalamiento judicial para atacar políticamente a la 4T. Sin embargo, el gobierno federal también podría fortalecer su posición al presentarse como defensor de la soberanía nacional frente a intentos de injerencia extranjera.
En el fondo, la discusión ya no trata solamente sobre narcotráfico. La verdadera disputa es sobre quién tendrá la capacidad de definir las reglas de seguridad, justicia y estabilidad política en México en medio de la mayor presión geopolítica bilateral de las últimas décadas.