La salida de Marx Arriaga Navarro de la Secretaría de Educación Pública no es un simple relevo administrativo: es la evidencia de un conflicto interno que exhibe fracturas de fondo en el proyecto educativo del actual gobierno. Y en medio del choque, quien termina pagando el costo político es la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum reconoció que hubo un “desencuentro” con el entonces director de Materiales Educativos. La razón fue clara: Arriaga no aceptaba modificaciones a los libros de texto gratuitos. “Los libros de texto no son patrimonio de una persona”, dijo la mandataria, al tiempo que subrayó que son “perfectibles”. Es una frase clave. Porque más allá de nombres y cargos, el punto central es la calidad educativa.
No nos confundamos: Marx Arriaga no es un angelito. Su gestión estuvo marcada por una visión rígida, confrontativa y profundamente ideologizada. Él mismo declaró que “no me aferro al cargo”, pero anunció que seguirá en la “resistencia”. Acusó que desde la subsecretaría de Educación Básica se le pedían cambios y aseguró que negarse era defender la Nueva Escuela Mexicana. También denunció que se estaba “zigzagueando” y que sacar a las editoriales privadas había sido una batalla contra un negocio de más de 3 mil 500 millones de pesos.
Su narrativa es épica, pero la educación pública no puede construirse a partir de épicas personales. Los libros de texto no son trinchera ideológica ni propiedad intelectual de un funcionario. Son herramientas pedagógicas que deben estar al servicio de millones de niñas y niños.
Sin embargo, si Arriaga representa una postura cerrada, del otro lado tampoco hay garantía de rumbo claro. El conflicto interno revela que en la SEP prevalecen disputas de poder por encima de una discusión técnica profunda. Y ahí es donde el liderazgo político queda bajo cuestionamiento. Si algo deja ver este episodio es que el secretario Mario Delgado no ha logrado conducir una política educativa coherente ni construir consensos sólidos. La educación no puede reducirse a maniobras administrativas ni a cambios de “naturaleza” de plazas.
La Secretaría informó que no hubo desalojo, que se trató de un procedimiento administrativo y que la plaza pasará a modalidad de libre designación. Formalmente puede ser impecable. Políticamente, es un desastre. La imagen de policías notificando a un funcionario horas antes de una conferencia de prensa proyecta improvisación y ruptura interna. Y esa ruptura salpica directamente a la Presidencia.
Claudia Sheinbaum intentó matizar: dijo que se le ofrecieron opciones a Arriaga, incluso un consulado, y que se valoraba su trabajo. Pero el daño está hecho. La disputa por los libros de texto terminó convertida en un conflicto público que exhibe desorden en un área estratégica.
Aquí hay una verdad incómoda: los libros son perfectibles. Lo dijo la propia presidenta. Y es cierto. No importa si se llaman Nueva Escuela Mexicana o como se quiera rebautizar el modelo. Lo urgente es elevar la calidad. Eso no se logra con resistencias románticas ni con ajustes administrativos opacos. Se logra con un panel plural de expertos en pedagogía, didáctica, evaluación, lectura, matemáticas y ciencias que revisen contenidos con criterios técnicos, evidencia y estándares internacionales.
La educación no puede depender del pulso ideológico de un funcionario ni del cálculo político de otro. Si algo debería unir a todas las corrientes dentro de la SEP es la obligación de mejorar los aprendizajes. El movimiento de transformación, como dijo la presidenta, “siempre tiene que irse mejorando”. Esa mejora exige humildad técnica y apertura, no trincheras.
Hoy la SEP enfrenta algo más grave que la salida de un director: enfrenta una crisis de conducción. Y mientras las élites discuten poder e identidad, millones de estudiantes siguen esperando materiales claros, rigurosos y de calidad.
Ese debería ser el centro del debate. Todo lo demás es ruido.
