Filiberto Cruz MonroyEl llamado Plan B de la Reforma Electoral nació con la promesa de adelgazar el costo de la democracia mexicana. Sin embargo, lo que terminó consolidándose es un ajuste quirúrgico que evita tocar los intereses de los partidos políticos nacionales mientras dirige el bisturí hacia los niveles locales del poder. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo total a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el acuerdo revela más sobre la lógica política de la coalición gobernante que sobre un verdadero rediseño institucional.
El mensaje conjunto fue claro: unidad absoluta y diferencias superadas en tiempo récord. En menos de cuatro días, las tensiones que durante semanas marcaron la discusión desaparecieron del discurso público. No fue casualidad. Dos temas centrales quedaron fuera del posicionamiento: la reducción del 25 por ciento al financiamiento ordinario de los partidos y la modificación del método de elección plurinominal. Ambos puntos tocaban directamente los incentivos de supervivencia del PT y del PVEM.
Para este año, los partidos recibirán más de 7 mil 365 millones de pesos de financiamiento público. La propuesta original buscaba recortar más de mil 841 millones, una medida que habría significado un gesto real de austeridad política. Sin embargo, el silencio sobre ese tema en el respaldo final confirma que los aliados negociaron con eficacia la preservación de sus beneficios. El propio dirigente del PT, Alberto Anaya, presumió haber “cuidado” que la reforma no implicara retrocesos democráticos, una frase que, traducida al lenguaje político, significa proteger las reglas que garantizan la permanencia de partidos pequeños mediante recursos públicos y representación proporcional.
El oportunismo del PT y del PVEM resulta evidente. Ambos partidos han construido históricamente su influencia mediante alianzas estratégicas con el poder en turno, adaptando su discurso a la coyuntura política dominante. Hoy respaldan una reforma que evita afectar su financiamiento y su representación legislativa, mientras aceptan recortes que recaerán en congresos estatales y cabildos municipales, espacios con menor capacidad de negociación política nacional.
Pero sería un error atribuir únicamente a estos partidos la responsabilidad del resultado. Morena también es protagonista central de esta historia. Fue el partido gobernante quien abrió las puertas a sus aliados, les otorgó posiciones, visibilidad y crecimiento electoral. Sin esa alianza sistemática, difícilmente el PT y el PVEM habrían alcanzado el peso político que hoy les permite negociar condiciones favorables dentro de la coalición.
La reforma, además, reduce la aspiración inicial de ahorro: de los 12 mil millones de pesos anunciados se pasó a apenas 4 mil millones. El ajuste terminó desplazándose hacia legisladores locales y estructuras municipales, mientras los partidos nacionales permanecen prácticamente intactos. El mensaje político es contradictorio: se critica un sistema electoral costoso, pero se preservan los mecanismos que sostienen el gasto partidista.
El respaldo conjunto refleja una realidad incómoda: la transformación política también aprende a convivir con los incentivos tradicionales del poder. El Plan B no desmonta privilegios; los redistribuye hacia los eslabones más débiles del sistema político. Y aunque el oportunismo del PT y del PVEM es innegable, su fortaleza actual no surgió sola. Fue Morena quien los convirtió en socios indispensables, y hoy también paga el precio de esa decisión.