Filiberto Cruz MonroyEl Congreso de la Unión inauguró ayer la LXVI Legislatura con una postura desafiante frente a dos jueces que habían ordenado la suspensión del proceso legislativo para reformar el Poder Judicial. A pesar de las resoluciones judiciales que instaban a frenar el avance de la reforma, el bloque oficialista, liderado por Morena, PT y el Partido Verde, decidió seguir adelante con la iniciativa que propone la elección de jueces por voto popular. Esta decisión generó una serie de reacciones y posibles impugnaciones, incluyendo el análisis de medidas legales contra los jueces responsables de las suspensiones.
La presidenta del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez, subrayó que el poder legislativo actúa en representación de la soberanía popular y tiene la responsabilidad de garantizar la vigencia de la Constitución sin subordinación a otras autoridades. Martínez defendió la autonomía del Congreso frente a las órdenes judiciales, enfatizando que la labor legislativa no debe estar condicionada por decisiones de los jueces.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también se pronunció en contra de las suspensiones judiciales. Enérgico, calificó las decisiones como improcedentes y una violación flagrante de la Constitución. Monreal acusó a los jueces de incompetencia y aseguró que el Congreso no aceptará la interferencia de la judicatura en sus funciones exclusivas.
La sesión inaugural de la LXVI Legislatura incluyó la Declaratoria de Publicidad del dictamen de reforma, a pesar del rechazo por parte de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. Esta última bancada, en particular, se retiró de la sesión en protesta por lo que consideraron un desacato a la orden judicial. Rubén Moreira, coordinador del PRI, expresó que la ausencia de su grupo respondía a la negativa del Congreso de acatar la suspensión.
Ricardo Mejía Berdeja, del PT, descalificó las suspensiones judiciales como «seudosuspensiones jurídicas» y prometió emprender acciones legales contra los jueces involucrados. Según Mejía Berdeja, se contemplan quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como posibles juicios políticos y denuncias penales, argumentando que los jueces intentan frenar la transformación que impulsa el oficialismo.
Desde el Partido Verde, Ricardo Astudillo criticó las decisiones judiciales, calificándolas como una violación grave a la Constitución y a las leyes vigentes. En el ámbito de la oposición, Agustín Rodríguez del PAN planteó una solicitud para suspender el procedimiento, citando las numerosas manifestaciones y protestas de diversos sectores que se oponen a la reforma.
A pesar de las controversias y el rechazo de la oposición, el oficialismo continuó con su agenda. A las 21:55 horas del mismo día, el Congreso anunció la Declaratoria de Publicidad del dictamen de reforma al Poder Judicial, estableciendo un cronograma para su discusión y aprobación en el Congreso. La reforma será debatida y votada en lo general el martes 3 de septiembre y en lo particular el miércoles 4, según lo previsto por Ricardo Monreal.
Durante la apertura de la nueva legislatura, la reforma al Poder Judicial fue un tema recurrente en los discursos de las principales fuerzas políticas. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la implementación de la reforma podría significar el fin de la democracia y el inicio de una autocracia constitucional. Por su parte, Marcela Guerra del PRI indicó que su bancada está dispuesta a apoyar reformas beneficiosas para el país, pero se opondrá a aquellas que consideren perjudiciales.