Israel GómezPerú rechaza declaraciones de Sheinbaum sobre Pedro Castillo
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú respondió este domingo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que el expresidente peruano Pedro Castillo “no es un perseguido político”. En un comunicado, expresó su “rechazo absoluto” a las declaraciones de la mandataria mexicana, a las que calificó como una violación a los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La cancillería peruana afirmó que las palabras de Sheinbaum reflejan un “desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico”.
Contexto del caso Castillo
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución inconstitucional del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización de instituciones clave como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Ese mismo día, el entonces presidente fue detenido por su propia escolta mientras intentaba llegar a la Embajada de México en Lima. Su familia obtuvo asilo en México, mientras que Castillo fue recluido en el penal de Barbadillo, donde enfrenta un proceso judicial por rebelión que podría derivar en 34 años de prisión.
Declaraciones de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la red social X su solidaridad con Castillo y su familia, calificando su situación como un caso de persecución política y discriminación en la región.
Sheinbaum pidió a la ONU que actuara con decisión en defensa de los derechos humanos y afirmó que la libertad de Castillo representaba también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos latinoamericanos.
Estas declaraciones fueron realizadas tras una reunión de la mandataria mexicana con Guido Croxatto, abogado del exmandatario peruano.
La respuesta de Perú
La cancillería peruana respondió que presentar el caso de Castillo como persecución política es una “afirmación falsa e inaceptable”. Señaló que los actos del exmandatario constituyeron un “golpe de Estado fallido” y un “quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática”, debidamente sancionados conforme a la ley.
Enfatizó que la situación jurídica de Castillo obedece a decisiones tomadas en el marco del Estado de derecho, con respeto al debido proceso y a la Constitución del Perú.
Además, el ministerio calificó la postura de Sheinbaum como “ideologizada” y recordó que incluso el secretario general de la ONU condenó en 2022 cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú.
Cambio de gobierno tras el intento de golpe
Tras la destitución de Pedro Castillo, el Congreso peruano designó a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta, quien permanece en funciones hasta la conclusión del periodo constitucional en 2026.
La situación del exmandatario, recluido en Lima, sigue siendo motivo de debate en el plano político y diplomático, pero el gobierno peruano insiste en que se trata de un caso de justicia interna y no de persecución.
El cruce diplomático entre México y Perú refleja las tensiones en torno al caso Pedro Castillo, mientras el gobierno peruano busca defender su institucionalidad y el mexicano insiste en visibilizar la situación como un tema de derechos humanos y democracia regional.