Filiberto Cruz MonroyEste 9 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la reciente reforma judicial. Esta decisión marca un nuevo capítulo en el debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial en México, evidenciando la tensión política que se vive en el país.
Las impugnaciones fueron recibidas por la Corte y asignadas al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá decidir si se les otorga trámite. Este ministro ya está familiarizado con el caso, dado que también tiene en sus manos la controversia constitucional presentada por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, lo que añade un contexto relevante a la situación actual.
El PAN, a través de su presidente Marko Cortés, lideró la acción de inconstitucionalidad, aunque se anticipa que su posición cambiará pronto debido a su nueva responsabilidad como senador. Esta transición en el liderazgo del partido podría influir en la estrategia a seguir en el proceso judicial y político relacionado con la reforma.
Por otro lado, los senadores del PRI, encabezados por Carolina Viggiano, justificaron la presentación de su recurso al considerar que la reforma judicial busca un control excesivo sobre el Poder Judicial de la Federación. Viggiano subrayó la importancia de salvaguardar la independencia judicial, un principio fundamental en cualquier democracia sólida.
Entre los argumentos presentados, los priistas señalaron una violación al proceso legislativo, mencionando que no se tomaron en cuenta dos suspensiones judiciales emitidas durante la discusión de la reforma en el Congreso. Este punto podría ser clave para la SCJN al evaluar la validez de las reformas, y refleja el complejo entramado legal que rodea a esta controvertida legislación.