La justicia federal negó el amparo solicitado por Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, por lo que continuará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, que consideró legales y fundadas tanto la prisión preventiva justificada como la vinculación a proceso dictadas en su contra en septiembre pasado.
La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz resolvió que los argumentos presentados por la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco no acreditan violaciones a derechos humanos, ni irregularidades procesales que ameriten la protección de la justicia federal. Bermúdez Requena enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, dentro de la causa penal 213/2025.
¿Quién es Hernán Bermúdez y por qué sigue preso?
Bermúdez Requena, también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, fue un alto funcionario de seguridad durante la pasada administración estatal en Tabasco. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, es señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora, dedicada presuntamente a actividades de extorsión y privación ilegal de la libertad.
Actualmente permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, uno de los penales de mayor seguridad del país, donde se recluye a personas acusadas de delitos de alto impacto.
Argumentos de la defensa: libertad y presunción de inocencia
En su demanda de amparo, Bermúdez Requena alegó que la prisión preventiva justificada vulnera su derecho humano a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Asimismo, sostuvo que la vinculación a proceso carece de sustento legal, al no existir —según su postura— pruebas suficientes, razonables ni idóneas para acreditar los delitos que se le imputan.
La defensa también argumentó que el proceso penal transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que consideró que la Fiscalía estatal construyó el caso con elementos probatorios débiles.
La postura del Poder Judicial
Sin embargo, la jueza federal desestimó todos los agravios planteados por la defensa. En su resolución, estableció que los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco cumplen con los criterios de suficiencia, idoneidad y razonabilidad exigidos por la ley para mantener la medida cautelar y la vinculación a proceso.
La juzgadora determinó que no se acreditó ninguna violación constitucional, por lo que la actuación del juez de control fue conforme a derecho. En consecuencia, negó la protección de la justicia federal solicitada por el imputado.
Contexto político y repercusiones
El caso de Hernán Bermúdez ha generado atención pública debido a su vínculo político, ya que fue colaborador cercano del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández. Aunque este antecedente no forma parte directa del juicio, sí ha incrementado el interés social y mediático en el proceso.
Especialistas en materia penal consideran que la negativa del amparo fortalece el caso de la Fiscalía y confirma que el proceso judicial se ha conducido dentro del marco legal, al menos en esta etapa.
¿Qué sigue para Bermúdez Requena?
Pese al revés judicial, el exfuncionario aún puede impugnar la resolución mediante un recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Dicho órgano será el encargado de determinar si confirma, modifica o revoca el fallo emitido por el juzgado de distrito.
Mientras tanto, Bermúdez Requena permanecerá en prisión preventiva, a la espera de que continúe el proceso penal en su contra. La causa seguirá su curso conforme a los tiempos judiciales, sin que por ahora exista una fecha definida para un eventual juicio oral.
Un caso clave en el combate a delitos de alto impacto
La decisión judicial representa un paso relevante en los esfuerzos institucionales por combatir delitos como la extorsión y el secuestro, así como por garantizar que exfuncionarios acusados de vínculos con el crimen organizado enfrenten procesos conforme a derecho.
El caso también pone a prueba la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia, incluso cuando se trata de figuras que ocuparon cargos estratégicos en materia de seguridad pública.
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