Mayte BarriosCon 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló castigar en todo el país a quien pretenda corregir la orientación sexual de personas, la pena para quienes apliquen Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) será castigado con de 2 a 6 años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.
El Código Penal Federal y la Ley General de Salud fueron modificados para asegurar que esta violación de derechos sea realizada.
Colectivos y aliados de la comunidad LGBTIQ+ celebraron la resolución. Los partidos que apoyaron la resolución fueron Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que los diputados pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra e intentaron retrasar el debate de esta minuta.
Margarita Zavala, diputada del PAN, aseguró que con esta reforma se criminaliza a los padres de los jóvenes.
Mientras que la diputada trans de Morena, María Clemente García, aseguró que «las terapias de conversión no son más que violencia que va, desde tortura psicológica, golpes, tortura con electroshock; y hasta violaciones correctivas; que ponen en riesgo la vida de quienes la sufren».
Las terapias de conversión son intervenciones que se realizan con el fin de cambiar a las personas gays, lesbianas o bisexuales a heterosexuales y de transgénero o género diverso a cisgénero.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las «terapias de conversión» no tenían justificación médica.
De acuerdo al INEGI, en México, medio millón de personas LGBTIQ+ han pasado por este tipo de procedimientos, antesala de crímenes de odio, siendo la violación correctiva (abuso sexual) la forma más común para lesbianas y hombres trans.