Jair FigueroaEl Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó este miércoles un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el origen, financiamiento y coordinación de los grupos involucrados en los actos de violencia registrados durante la marcha de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre en el Zócalo capitalino. La propuesta surge tras los hechos que dejaron daños a mobiliario urbano y 20 manifestantes con heridas menores, según el propio Gobierno de la Ciudad de México.
Morena respalda la postura de Clara Brugada
El punto de acuerdo, presentado por el diputado Paulo García, se alinea con la posición expresada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha señalado que los disturbios no fueron espontáneos, sino parte de una estrategia con fines políticos. Según la versión oficialista, hubo convocatorias previas en redes sociales que llamaban a derribar vallas, confrontar a la policía y generar imágenes que proyectaran una supuesta represión del gobierno capitalino.
Los legisladores de Morena sostienen que detrás de los hechos habría grupos vinculados a sectores conservadores interesados en provocar violencia para impactar en la opinión pública. Aunque no presentaron pruebas específicas en la sesión, argumentaron que existe suficiente material en redes sociales que justifica una investigación formal.
Acusaciones sobre operadores políticos
Entre los señalamientos incluidos en el documento, la bancada guinda apunta a la posible participación de operadores políticos o financieros que habrían organizado la presencia de grupos de choque en la movilización juvenil. Por ello, el punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a ampliar sus investigaciones no solo hacia quienes participaron físicamente en las agresiones, sino también hacia quienes pudieran haberlas coordinado.
Las autoridades capitalinas ya han iniciado carpetas de investigación contra algunos participantes detenidos el día de la marcha; sin embargo, Morena insiste en que es fundamental ir más allá de los responsables materiales y analizar la estructura detrás de los hechos.
Denuncias sobre presiones en alcaldías opositoras
El documento también solicita indagar presuntas presiones hacia comerciantes y funcionarios de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, encabezadas por los opositores Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega. Según los legisladores morenistas, en redes sociales circulan testimonios que apuntan a posibles actos de coacción para incrementar artificialmente la asistencia a la manifestación.
Aunque dichas denuncias no han sido confirmadas oficialmente por la FGJCDMX, la bancada de Morena consideró necesario que formen parte del objeto de investigación de la comisión que proponen crear.
Llamado a la oposición a deslindarse
En el mismo punto de acuerdo, los legisladores oficialistas solicitaron a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que condenen públicamente la violencia registrada en la marcha y se deslinden de cualquier posible vínculo con los grupos agresores.
Morena argumenta que la falta de un posicionamiento claro por parte de la oposición podría interpretarse —como lo ha señalado la jefa de Gobierno— como una ausencia de distancia respecto a los hechos violentos. El llamado busca, según la bancada, fortalecer la postura institucional contra la violencia en manifestaciones públicas.
Propuesta para la Jucopo
Como parte del mecanismo legislativo, la propuesta plantea que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sea la instancia encargada de integrar la comisión especial. Esta tendría el objetivo de dar seguimiento a las investigaciones, recopilar información, realizar mesas de trabajo y emitir un informe final sobre los hechos ocurridos el 15 de noviembre.
Morena aseguró que el propósito es garantizar transparencia, deslindar responsabilidades y evitar que grupos violentos interfieran en futuras manifestaciones.
Violencia y narrativas enfrentadas
La marcha de la Generación Z, inicialmente convocada por jóvenes inconformes con diversos temas de agenda pública, terminó marcada por incidentes que se viralizaron en redes sociales. La destrucción de vallas, ataques a mobiliario público y agresiones a elementos de seguridad generaron interpretaciones contrastantes entre gobierno, oposición y ciudadanía.
Mientras el gobierno capitalino asegura que se trató de una acción premeditada para generar confrontación, organizaciones civiles, participantes de la marcha y algunos actores políticos sostienen que las respuestas policiales fueron desproporcionadas.
La propuesta de Morena, en este contexto, se inserta en una disputa más amplia sobre la legitimidad de la movilización, el papel de los jóvenes en la vida pública y el uso político de las manifestaciones.
Un debate que continuará
Con la presentación del punto de acuerdo, Morena formaliza su intención de que el Congreso capitalino participe activamente en la investigación. La oposición, por su parte, ha cuestionado la narrativa del gobierno y ha rechazado cualquier señalamiento sobre su participación en los hechos violentos.
La discusión promete profundizar el debate sobre la actuación policial, la organización de marchas juveniles y la relación entre gobierno y manifestantes, en un contexto político cada vez más polarizado.
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