Filiberto Cruz MonroyEl ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha presentado una propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría transformar el panorama judicial en México. Su proyecto de sentencia sugiere invalidar la elección de jueces y magistrados a través de voto popular, al tiempo que se mantiene vigente el método de elección de ministros por el mismo procedimiento. Esta iniciativa surge en respuesta a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos políticos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
En su proyecto, el ministro Alcántara Carrancá argumenta que el actual sistema de elección no brinda las condiciones mínimas de seguridad jurídica necesarias para un sistema democrático. Resalta la falta de certeza para los aspirantes a los cargos, así como para la ciudadanía sobre las cualidades que determinarán su selección. Este enfoque busca garantizar un proceso más transparente y equitativo en la elección de los juzgadores.
El ministro enfatiza que no hay garantías para que los candidatos tengan acceso equitativo a los espacios públicos ni sobre el contenido de sus campañas. Además, sostiene que el sistema actual impide que los ciudadanos emitan un voto informado, lo cual es fundamental para la legitimidad de cualquier elección. Esta incertidumbre podría socavar la confianza en el sistema judicial y en los profesionales que impartirán justicia.
Esta es la primera vez que la SCJN se pronuncia sobre una reforma constitucional de este tipo. Alcántara Carrancá subraya que, desde 1994, solo se han admitido tres impugnaciones contra reformas constitucionales, lo que resalta la importancia de este caso. La Corte tiene la oportunidad de establecer un precedente que podría influir en el futuro de la selección judicial en México.
A pesar de su propuesta de invalidar la elección de jueces, el ministro sugiere que el Pleno de la Corte se «autocontenga» en su análisis sobre la elección de ministros. Esto significa que el tema permanece abierto y no se realizará un pronunciamiento definitivo en este momento, lo que deja la puerta abierta para futuros debates sobre el tema.
El proyecto también deja de lado el estudio de artículos que, según los partidos políticos, amenazan la independencia judicial y subordinan a los jueces al resto de los Poderes del Estado. Este aspecto es crucial para preservar la democracia constitucional y evitar la politización del sistema judicial.
Alcántara Carrancá reconoce la falta de diálogo interinstitucional que ha caracterizado la actual crisis constitucional. La erosión de la legitimidad del actuar de la Corte en la opinión pública es un tema delicado, y el ministro llama a la mesura institucional en las relaciones entre los Poderes de la Unión.
El ministro propone anular ciertos artículos, incluido el artículo 107, fracción X, que limita la suspensión de juicios de amparo. Esta medida busca expulsar del orden jurídico cualquier norma que contradiga los principios fundamentales del Estado mexicano, fortaleciendo así el marco legal vigente.
La propuesta también incluye la eliminación de la figura de jueces sin rostro, que el ministro considera contraria a las garantías del debido proceso, especialmente en casos penales. Alcántara Carrancá argumenta que la transparencia en el sistema judicial es esencial para garantizar un juicio justo.
Finalmente, el ministro destaca que no hay condiciones adecuadas para informar al electorado sobre las candidaturas de los juzgadores. Un análisis del tiempo limitado que el INE destina a las campañas muestra que, con un número tan alto de candidaturas, cada una tendría solo unos segundos para presentarse. Esto subraya la necesidad urgente de revisar el sistema de selección para garantizar que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.