Jair FigueroaEl presidente argentino Javier Milei fue notificado este miércoles por la Justicia Federal para presentar un informe, en un plazo de cinco días, sobre una publicación que compartió el pasado 1 de junio en su cuenta oficial de la red social X, donde hizo un comentario despectivo sobre Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, conocido por defender los derechos de personas con discapacidad.
La familia del menor presentó una denuncia formal por incitación al odio, alegando que el posteo fue parte de una campaña de hostigamiento digital impulsada por cuentas afines al oficialismo.
La publicación que desató el escándalo
El comentario del presidente fue realizado desde su cuenta oficial, identificada con tilde gris como perfil gubernamental, en la cual compartió una publicación de un tercero que atacaba directamente a Ian Moche. A esta, Milei añadió un texto que, según la familia, promovía el odio y la discriminación.
El documento judicial redactado desde la voz del propio Ian señala:
“El usuario me trató de mentiroso, me adjudicó ser parte de una operación antidemocrática y me acusó de ser un instrumento de Cristina Fernández y Sergio Massa.”
El fallo judicial y la postura del fiscal
El juez federal Alberto Recondo, con base en el dictamen del fiscal Oscar Gutiérrez Eguía, ordenó al mandatario explicar el motivo de su comentario. La resolución permite avanzar en el análisis de la responsabilidad legal del presidente por declaraciones que, aunque emitidas desde una cuenta institucional, reflejan una opinión personal y privada, fuera del marco oficial.
El fiscal sostiene que el hecho trasciende lo institucional y se adentra en un terreno de responsabilidad individual, ya que el mensaje fue emitido desde una posición de poder y pudo haber tenido consecuencias sobre la seguridad emocional del menor.
¿Quién es Ian Moche?
Ian Moche es un niño argentino de 12 años con diagnóstico de autismo. Se ha destacado en los medios y foros públicos por defender los derechos de las personas neurodivergentes. Su activismo ha sido reconocido por organizaciones civiles, medios de comunicación y universidades.
Sin embargo, en las últimas semanas, ha sido objeto de ataques en redes sociales por parte de sectores afines al gobierno de Milei, quienes han difundido información privada sobre él y su familia.
La exigencia de la familia
La familia de Ian exige que el presidente elimine la publicación ofensiva y ofrezca una disculpa pública. El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que “el daño psicológico y simbólico causado no puede ser minimizado”, y que el presidente debe asumir las consecuencias de sus palabras.
También advirtió que esta situación “impacta directamente en el caso LIBRA”, en referencia a otro escándalo donde Milei promocionó una criptomoneda que causó grandes pérdidas a inversores.
Caso LIBRA y precedente legal
El caso mencionado por la familia guarda relación con la promoción de una criptomoneda realizada por Milei en febrero pasado desde la misma cuenta oficial de X. Dicha recomendación terminó en un fraude internacional y se encuentra en investigación judicial. La estrategia de defensa de la familia Moche apunta a que el presidente utiliza su plataforma oficial con fines personales y sin límites legales.
¿Qué implicaciones tiene este caso?
Este proceso judicial podría marcar un precedente importante en América Latina sobre la responsabilidad legal de los presidentes en redes sociales, especialmente cuando se trata del uso de cuentas oficiales para emitir opiniones personales o ataques.
La comunidad internacional y defensores de derechos humanos han comenzado a seguir de cerca el caso, mientras crecen los llamados a regular con urgencia el discurso de odio, el acoso digital y el uso institucional de redes sociales por parte de altos funcionarios.
En un país polarizado como Argentina, el comportamiento digital de los líderes políticos cobra cada vez más peso legal y social. La respuesta que Javier Milei deberá presentar ante la Justicia no solo será crucial para este caso, sino también para el futuro del debate sobre derechos digitales, protección de menores y límites del poder presidencial en redes sociales.
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