Jair FigueroaEl Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), se encuentra elaborando un nuevo proyecto que podría establecer un cobro a redes sociales y plataformas digitales por el uso del espectro radioeléctrico, según una filtración publicada por el medio Político MX. La iniciativa está siendo analizada tras la eliminación del polémico artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones y ha generado una nueva ola de debate sobre la neutralidad de la red y la posible censura digital.
¿Qué es lo que se está planteando?
De acuerdo con la sección Politikleaks de Político MX, el equipo liderado por José Antonio Merino en la ATDT estaría preparando una propuesta legislativa para crear un derecho de uso del espectro radioeléctrico que afectaría directamente a plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram, YouTube y TikTok. Esta medida permitiría al Estado mexicano aplicar cargos por la «renta» del espacio que estas plataformas utilizan para operar en el país.
Aunque aún no se ha hecho oficial el documento ni los detalles específicos del cobro, el enfoque parece responder al vacío normativo dejado por la eliminación del artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Antecedente: el artículo 109 y su eliminación
El artículo 109 permitía al gobierno restringir el acceso a plataformas digitales bajo ciertos criterios. Fue eliminado tras críticas de partidos de oposición como el PAN y el PRI, así como de organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), que lo consideraban un riesgo para la libertad de expresión y la neutralidad de la red.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de eliminar dicho artículo, reiterando que su gobierno “no es ni será un gobierno espía”.
Cobro como alternativa sin censura
La nueva propuesta busca introducir un mecanismo de cobro por el uso del espectro sin caer en las acusaciones de censura. No obstante, críticos advierten que esto podría traducirse en mayores costos para usuarios o en desincentivos para la operación de ciertas plataformas en México.
Expertos en telecomunicaciones advierten que gravar el uso del espectro a plataformas digitales podría tener efectos secundarios negativos: desde el encarecimiento de servicios hasta posibles conflictos legales internacionales.
PAN planea contraataque legal
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) ya planea un amparo colectivo contra lo que ha denominado “Ley Espía”, que agrupa las recientes reformas del gobierno federal: la nueva Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Simplificación de Trámites y la Ley del Sistema Nacional de Investigación. Según el PAN, estas leyes permitirían al gobierno rastrear datos personales de los ciudadanos sin orden judicial, incluyendo ubicación, historial de navegación y consumo digital.
“Estas leyes, aunque sin el artículo 109, siguen permitiendo vigilancia indebida”, declaró el diputado panista Rubén Moreira, quien comparó el modelo con “una dictadura del siglo pasado”.
El discurso oficial: «no se espía a nadie»
La presidenta Sheinbaum ha negado en diversas ocasiones cualquier intención de espiar ciudadanos, asegurando que su administración solo realiza intervenciones telefónicas con autorización judicial y que todas las reformas apuntan a una mayor seguridad nacional, no al control social.
“Nosotros fuimos víctimas de espionaje. No vamos a repetir esa historia”, declaró recientemente en conferencia matutina.
¿Cobro o censura encubierta?
Aunque el nuevo proyecto busca diferenciarse de la censura explícita, activistas digitales temen que el cobro por espectro se convierta en un arma indirecta para limitar el acceso o la operación de medios independientes, redes sociales incómodas o aplicaciones que promuevan la organización social.
Además, no queda claro cómo se establecería la tarifa por uso de espectro, qué plataformas estarían obligadas a pagar ni cómo se garantizaría que esto no impacte al usuario final.
Debate en puerta
La propuesta aún no ha llegado al Congreso, pero se anticipa una discusión polarizada. Morena y aliados argumentarán que es un paso hacia la soberanía digital; la oposición lo verá como una medida recaudatoria con tintes autoritarios.
Si el cobro avanza, México se sumaría a una tendencia que ya se ha discutido en países como India, Turquía y algunos miembros de la Unión Europea, aunque con enfoques y resultados diversos.
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