Jair FigueroaUna jueza federal negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la esposa y la hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, al considerar que existen indicios suficientes de operaciones financieras inusuales vinculadas a una investigación por lavado de dinero, informó el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, en una resolución emitida este mes como parte de un proceso iniciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La decisión judicial que mantiene el cerco financiero
La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por Verónica Encalada Pérez y Verónica Bermúdez Encalada, esposa e hija del exfuncionario estatal, quienes buscaban revertir el congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado en julio por la UIF.
La magistrada determinó que los argumentos presentados por la defensa no acreditaban un daño irreparable ni demostraban la licitud plena del origen de los recursos, por lo que la medida cautelar deberá mantenerse mientras continúan las investigaciones financieras y penales en curso.
UIF mantiene bloqueo por operaciones inusuales
Investigación por lavado y simulación fiscal
El congelamiento de las cuentas forma parte de una investigación más amplia encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que detectó transferencias atípicas, movimientos financieros irregulares y presuntos esquemas de simulación fiscal.
De acuerdo con la UIF, las medidas se adoptaron en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras identificar patrones que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.
Un fallo que sigue la línea de resoluciones previas
También se negaron las cuentas del exfuncionario
La resolución ocurre días después de que la misma jueza negara el desbloqueo de las cuentas personales de Hernán Bermúdez Requena, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, desde julio de 2023.
El exsecretario enfrenta procesos penales por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, delitos que presuntamente cometió durante su gestión como titular de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2021.
¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?
Vínculos con “La Barredora”
Según expedientes de la Fiscalía General de Justicia de Tabasco y reportes de inteligencia del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Bermúdez Requena es señalado como operador financiero y líder logístico de la organización criminal conocida como “La Barredora”, una facción del Cártel del Golfo.
Las autoridades lo identifican como un actor clave en actividades de secuestro, extorsión y tráfico de influencias, presuntamente aprovechando su posición dentro del aparato de seguridad estatal.
Recurso legal y revisión colegiada
El caso aún no está cerrado
Tras la negativa judicial, las familiares de Bermúdez Requena interpusieron un recurso de revisión, por lo que el caso será analizado por un Tribunal Colegiado en Tabasco, que deberá confirmar, modificar o revocar la resolución.
Mientras tanto, las cuentas bancarias continuarán congeladas como parte del proceso precautorio que busca evitar la dispersión de recursos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
Más de 50 millones bajo vigilancia financiera
UIF monitorea al menos 15 cuentas
Fuentes consultadas por medios nacionales señalaron que la UIF mantiene bajo observación al menos 15 cuentas bancarias relacionadas con el entorno familiar y empresarial de Bermúdez Requena, con montos que superarían los 50 millones de pesos, según estimaciones preliminares de la CNBV.
Las autoridades financieras sostienen que existen patrones inequívocos de triangulación con empresas fantasma, lo que refuerza la hipótesis de una red de lavado de dinero estructurada.
Postura de la defensa y respuesta oficial
Debate sobre el debido proceso
La defensa legal de la esposa e hija del exfuncionario argumenta una presunta violación al debido proceso, asegurando que los recursos bloqueados provienen de actividades lícitas. Sin embargo, la UIF insiste en que la medida es legal, proporcional y sustentada en análisis técnicos financieros.
El caso se mantiene como uno de los expedientes más relevantes en materia de combate a la corrupción y crimen organizado en el sureste del país.