Fernando DíazApenas hace unos meses el INE daba cuenta de los cómputos que generaron los resultados de las elecciones federales por el que se renovó la presidencia de la República, así como la Cámara de Diputadas y Diputados y la del Senado de la República; en total 629 cargos de elección popular, a la que le siguieron en algunos casos, medios de impugnación que, en su oportunidad fueron resueltos por las autoridades electorales jurisdiccionales correspondientes.
A nivel local se renovaron 20,079 cargos destacando 9 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la renovación de 31 congresos estatales y multiplicidad de presidencias municipales, regidurías y sindicaturas.
No obstante, más allá de los resultados electorales, esta elección trajo consigo una serie de acciones que se instrumentaron principalmente para potenciar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.
De entrada, las y los mexicanos residentes en el extranjero tuvieron tres modalidades de votación: la vía postal que se ha instrumentado desde la elección presidencial de 2006; la electrónica por internet que se ha registrado desde las elecciones locales de 2021 y, para esta elección por primera vez se instrumentó la modalidad del voto presencial en 20 consulados de Estados Unidos, 1 en Canadá y dos sedes consulares más en Europa.
De los casi 185 mil mexicanas y mexicanos que ejercieron su derecho al sufragio 66.48% prefirió la vía electrónica por internet.
Un proyecto importante para visibilizar a las personas con alguna discapacidad postrante, fue su inclusión para poder votar anticipadamente desde su domicilio vía postal. De un total de 12,363 solicitudes, 4 mil dos personas ejercieron su derecho al voto.
Asimismo, y luego de diversas sentencias del máximo tribunal electoral en el país, las personas en prisión que no han sido sentenciadas pudieron votar. En este sentido, 26,569 personas en prisión preventiva pudieron ejercer su derecho al sufragio un total de 30,391 personas inscritas.
Tanto el voto anticipado como el voto en prisión preventiva se llevaron a cabo de en todo el país por primera vez.
Se establecieron acciones afirmativas por primera vez para el Senado de la República respecto a los siguientes segmentos de la población: 5 postulaciones para la población indígena, 1 para la población afromexicana, 1 para la población con discapacidad, 1 para la población de la diversidad sexual y 1 para migrantes que viven en el exterior de México.
A este universo de 9 espacios destinados para acciones afirmativas, deben sumarse los 54 espacios que corresponden a la Cámara de Diputadas y Diputados; 34 que corresponden a la población indígena; 4 de descendencia afromexicana; 8 de la población con alguna discapacidad; 3 de la diversidad sexual y 5 de la población migrante residente en el extranjero.
Se instrumentó por primera vez, luego de reformas a la Constitución de finales de 2023, la denominada 8 de 8 contra la violencia de género que establece que las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular que incurran en violencia de género, serán sancionadas con la pérdida del derecho a ser registradas como candidatas, así como a ocupar un cargo en el servicio público.
Habrá que esperar dos cosas: que el Legislativo regule estos ejercicios y que en 2027 existan otros acercamientos a la población que potencialicen sus derechos políticos y electorales.