El fraude antes de las urnas

Las derrotas electorales no se consuman solamente en las urnas; a veces comienzan a prepararse mucho antes, desacreditando al árbitro y sembrando dudas sobre la legitimidad de los resultados. Eso es precisamente lo que empieza a perfilarse rumbo a las elecciones de 2027: ante una presidenta Claudia Sheinbaum con niveles de aprobación cercanos al 70 por ciento y una ventaja considerable de Morena en las preferencias electorales, sectores de la oposición política y mediática parecen más empeñados en construir una narrativa de fraude anticipado que en recuperar la confianza ciudadana y ofrecer una alternativa competitiva. Cuando las encuestas no favorecen, la tentación de descalificar al árbitro resulta más cómoda que reconocer la propia debilidad política.

En noviembre de 2026, con la presidenta Claudia Sheinbaum sosteniendo una aprobación ciudadana estable en torno al 68-70 por ciento según las mediciones más recientes de TResearch, MetricsMx y otras casas, el panorama político electoral se define por una contundente ventaja de Morena.

Las preferencias electorales de cara a 2027 muestran a Morena con un apoyo que oscila entre el 35 y el 46 por ciento en intención de voto para la Cámara de Diputados, mientras el PAN se sitúa en torno al 8-20 por ciento, el PRI entre 6 y 14 por ciento y Movimiento Ciudadano en un rango similar o inferior. La coalición gobernante mantiene, en la mayoría de los escenarios, una posición dominante.

Esta realidad numérica explica la ofensiva mediática y política que fuerzas de oposición han desatado contra el Instituto Nacional Electoral. No se trata de una defensa abstracta de la autonomía institucional, sino de una operación preventiva: al vislumbrar otra derrota electoral significativa —posible refrendo de mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión si la oposición llega fragmentada—, la narrativa de “fraude anticipado” se convierte en el único recurso disponible. Cuando los números no acompañan, se ataca al árbitro.

El patrón es conocido. Cada vez que las encuestas y los resultados históricos apuntan a una derrota contundente, sectores opositores y medios hegemónicos de manipulación construyen el relato de que el proceso estará viciado. La crisis reciente en el INE, detonada por las denuncias de conflictos de interés y presuntos actos de corrupción que llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei, ha sido aprovechada para ese fin. Sin embargo, todo indica que el resultado ha sido el opuesto al buscado por ciertos actores políticos y mediáticos de oposición a la coalición gobernante.

El tiro por la culata

Los ataques mediáticos y políticos contra el INE no debilitaron al árbitro; más bien, aceleraron una reacción de saneamiento profundo y necesario. Se han iniciado procesos para remover a funcionarios vinculados a la gestión anterior, incluyendo perfiles asociados a la etapa de Lorenzo Córdova, y se han detenido o revisado adjudicaciones bajo criterios de austeridad republicana y máxima transparencia. La presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz ha marcado el inicio de una limpia interna que busca erradicar prácticas de corrupción crónica que durante más de dos décadas se toleraron o minimizaron.

Lo que la oposición presentó como prueba de captación oficialista se ha convertido, en los hechos, en una oportunidad para fortalecer la credibilidad, confiabilidad y legitimidad del organismo. La crisis forzada por las denuncias permitirá avanzar en la depuración que muchos demandaban, pero pocos impulsaban cuando el INE operaba bajo otra correlación de fuerzas. El intento de descalificar al árbitro para anticipar la derrota de 2027 terminó por legitimar una reestructuración que, de otro modo, hubiera enfrentado mayores resistencias.

Preferencias y mayoría calificada

Los datos actuales son elocuentes. Morena lidera con claridad las preferencias nacionales. En varios escenarios de proyección; si la oposición compite de manera fragmentada, la coalición Morena, PT y PVEM conserva condiciones para mantener o incluso ampliar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La opinión pública se muestra dividida sobre si esa mayoría se sostendrá, pero la ventaja en intención de voto es innegable. La presidenta Sheinbaum, con un respaldo cercano a siete de cada diez mexicanos, proyecta continuidad de proyecto y de coalición.

En tal contexto, la narrativa de fraude anticipado cumple una función política clara: preparar el terreno para no reconocer resultados adversos y movilizar a bases descontentas bajo la bandera de la “defensa de la democracia”. Es una estrategia de bajo costo intelectual y alto costo institucional. Destruir la confianza en el árbitro no garantiza mejores resultados electorales; solo debilita las reglas del juego.

La nueva presidencia del INE: pluralidad, imparcialidad y transparencia

El proceso de selección de la persona que se hará cargo de la presidencia del INE, que la Cámara de Diputados prevé resolver en los primeros días de diciembre de 2026, debe regirse por tres atributos no negociables.

Debe ser una selección entre variados perfiles auténticamente eclécticos y plurales; el único común denominador debe ser la competencia y la experticia; la evaluación de perfiles no puede ser capturada por una sola fuerza política. Más bien, debe garantizarse la participación de distintas sensibilidades, con un Comité Técnico de Evaluación que no sea mera extensión de la mayoría parlamentaria. La pluralidad no es igual a cuotas partidistas, sino apertura real a numerosos perfiles con trayectorias diversas y capacidad técnica demostrada. En caso de empate de los mejores perfiles es válido y conveniente someter la selección al azar o aleatoriedad pura.

Una condición sine qua non es la imparcialidad, lo que exige que la persona electa no arrastre lealtades orgánicas a ninguna fuerza contendiente en 2027. Su historial, declaraciones y redes de influencia deben ser escrutados con rigor para evitar que el árbitro llegue ya comprometido y sujeto a conflictos de interés. La imparcialidad se mide en hechos, no en declaraciones de principios.

Un atributo esencial es la transparencia; implica que cada etapa del proceso —desde la integración del comité evaluador hasta la votación final— sea pública, documentada y auditable. Los criterios de evaluación, las entrevistas y las razones de descarte deben conocerse. La opacidad es el caldo de cultivo de las sospechas que hoy se pretenden instalar.

Solo un proceso que cumpla con estos tres atributos podrá restablecer la confianza y legitimidad dañadas y blindar las instituciones electorales frente a las campañas de desprestigio que se han desatado y otras que se anticipan al calor de la contienda. Lo cierto es que el INE no debe ser más un botín de burocracias doradas, parásitos del presupuesto y vividores de la politiquería.

La democracia mexicana no necesita oposiciones que anuncien fraudes antes de que existan elecciones, ni instituciones electorales convertidas en campos de batalla de intereses partidistas. Necesita un INE verdaderamente autónomo, imparcial, profesional, objetivo y transparente, capaz de garantizar que cada voto cuente y que cada resultado sea respetado.

Si Morena y sus aliados tienen hoy una ventaja en las preferencias ciudadanas, corresponde a la oposición disputarla con propuestas, organización y respaldo popular, no mediante campañas de sospecha y narrativas falaces.

La legitimidad democrática no se defiende desacreditando anticipadamente al árbitro, sino respetando las reglas y aceptando la voluntad de las urnas. Quien no puede convencer a los electores no puede pretender sustituir sus votos por la sospecha de fraude.

Héctor O. Carriedo Sáenz