Jair FigueroaUn juez federal rechazó descongelar las cuentas bancarias de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, señalada por el gobierno de los Estados Unidos de tener vínculos con “La Mayiza”, presunta integrante del Cártel de Sinaloa.
El fallo se emitió el 29 de diciembre de 2023, en Baja California, dentro del expediente 282/2025, tras una solicitud de amparo presentada por la legisladora contra el bloqueo impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El fallo judicial
El juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, determinó negar la suspensión provisional que solicitó la diputada.
El magistrado señaló que Brown Figueredo no acreditó ser titular de las cuentas bancarias bloqueadas en Banorte, motivo por el cual no procedía el descongelamiento de los fondos.
“Si se concede la medida suspensional solicitada, se transgrediría el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se presumiría sin justificación alguna algún derecho legal respecto de los fondos de la cuenta bancaria”, precisó el juez en su resolución.
La resolución indica que no basta con declarar bajo protesta de decir verdad la titularidad de las cuentas, sino que se requiere probar el interés jurídico con documentos oficiales.
Debido a la falta de pruebas, el juez concluyó que no era posible conceder la medida cautelar solicitada por la legisladora morenista.
La defensa de Hilda Brown
La exalcaldesa de Playas de Rosarito, quien ahora ocupa una curul en la Cámara de Diputados, promovió el amparo para eliminar su nombre de la lista de personas bloqueadas por la UIF.
Con dicha acción, buscaba recuperar el acceso a sus recursos económicos, congelados tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculó con miembros del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la UIF, las investigaciones financieras y judiciales se mantienen abiertas, ya que existen indicios de que Brown habría facilitado operaciones financieras presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.
Acusaciones de Estados Unidos
En septiembre de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló que Hilda Araceli Brown Figueredo habría participado en una red de corrupción política y recaudación de extorsiones en Baja California Sur.
Según el informe, la diputada mantuvo vínculos con los hermanos Alfonso y René Arzate, operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.
“Durante el mandato de Brown como alcaldesa de Rosarito, los hermanos Arzate y sus operadores políticos sirvieron como intermediarios para influir en las decisiones del gobierno local”, indica el documento del Tesoro.
El gobierno estadounidense incluyó a Brown Figueredo y a otros actores políticos en su lista de personas vinculadas al narcotráfico, lo que derivó en sanciones financieras y un mayor escrutinio internacional.
Implicaciones políticas
El caso ha generado reacciones dentro de Morena y en el Congreso federal. Aunque la legisladora no se ha pronunciado públicamente, fuentes cercanas al partido indicaron que la dirigencia nacional esperará el resultado del proceso judicial antes de tomar medidas internas.
Expertos en derecho y política señalaron que este tipo de casos afectan la imagen de los partidos ante la opinión pública y ponen a prueba los mecanismos de rendición de cuentas en cargos de elección popular.
El analista político Carlos Barragán comentó que el caso “evidencia la necesidad de reforzar los filtros internos de los partidos y la coordinación entre instituciones financieras y electorales”.
Qué sigue en el proceso
Con la negativa judicial, la diputada mantendrá sus cuentas congeladas mientras el juicio de amparo sigue su curso.
La UIF continuará con el procedimiento de investigación, que podría derivar en acciones penales o administrativas, dependiendo de la evidencia que se obtenga.
El expediente aún podría llegar a instancias superiores si la defensa de la legisladora interpone un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.
El caso de Hilda Araceli Brown Figueredo se suma a una serie de investigaciones que reflejan la creciente colaboración entre México y Estados Unidos en el combate a la corrupción y el lavado de dinero.
Mientras tanto, la diputada permanece bajo observación pública y judicial, a la espera de que se resuelva su situación legal.
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