Filiberto Cruz MonroyEn un acontecimiento sin precedentes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido desacatar una suspensión judicial que le prohibía colaborar con el Senado en la realización de elecciones extraordinarias para jueces, magistrados y ministros en 2025. Esta decisión, tomada con cuatro votos a favor y tres en contra, no solo implica un acto de desobediencia hacia una de sus propias juezas, sino que también reafirma su compromiso con la reforma judicial que se está implementando en el país.
Los consejeros que votaron a favor de esta determinación son Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, quien resultó ser el voto decisivo a pesar de haber expresado previamente una postura contraria. Esta coalición refleja una alineación entre los consejeros afines a la Cuarta Transformación, quienes buscan avanzar en la reforma y eliminar mecanismos considerados obsoletos en el sistema judicial.
La decisión de Sergio Molina ha sido objeto de críticas, particularmente de trabajadores del Poder Judicial, quienes lo acusan de «traicionar» a sus colegas y de incumplir varias suspensiones judiciales. Este sentimiento de traición resuena en el contexto más amplio de la lucha por la autonomía del Poder Judicial, en la que muchos ven la reforma como un intento de control político.
Por el contrario, en contra de la resolución votaron la ministra presidenta, Norma Piña, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, quienes representan una voz crítica dentro del CJF. La división en el consejo indica un profundo desacuerdo sobre la dirección que debería tomar el sistema judicial mexicano.
El miércoles, trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo una manifestación en las afueras de la sede del CJF, demandando que se respeten las suspensiones judiciales vigentes. Esta presión social pone de manifiesto el descontento que se siente dentro del sistema judicial ante lo que perciben como una erosión de su independencia y una violación de procesos establecidos.
Con esta decisión, el CJF se prepara para enviar al Senado las listas de jueces y magistrados vacantes, lo que podría tener repercusiones significativas en la estructura del Poder Judicial. Esto abre la puerta para que el próximo sábado se presenten las listas de aquellos que podrían ser destituidos tras la elección, generando un ambiente de incertidumbre y división entre los afectados.
El próximo sábado, el Senado discutirá cuántos jueces y magistrados serán elegidos en 2025 y cuántos en 2027, basándose en la información que el CJF les proporcione. Este proceso, que se origina en la suspensión emitida por la jueza federal Andrea Génesis Alarcón Cortés, plantea preguntas sobre la estabilidad y la transparencia del sistema judicial en México en un momento crítico de su historia.