RedacciónUn macabro hallazgo sacudió a esta fronteriza ciudad cuando autoridades descubrieron entre 381 y 383 cuerpos sin cremar en un establecimiento funerario de la colonia Granjas Polo Gamboa. El descubrimiento, realizado el pasado 26 de junio, reveló una posible red de fraude donde familias dolientes pagaron por servicios de cremación que nunca se realizaron, según confirmó la Fiscalía General del Estado.
El predio ubicado en calles Tapachula y Colima operaba como crematorio legal para varias funerarias locales, pero acumulaba cadáveres en condiciones inhumanas: espacios reducidos con refrigeración insuficiente, algunos con la ropa con que fueron velados y otros con hasta cinco años de antigüedad, según estimaciones preliminares.
Operativo de rescate para los restos
Un equipo multidisciplinario conformado por la Fiscalía, Servicios Periciales y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) trabajó todo el fin de semana para:
- Realizar el conteo oficial de los restos
- Colocarlos en bolsas individuales
- Trasladarlos a un tráiler refrigerado
«Priorizamos dar un trato digno y respetuoso a cada cuerpo», explicó Eloy García, vocero de la Fiscalía. Los primeros indicios sugieren que los cuerpos fueron embalsamados correctamente por funerarias legales antes de llegar al crematorio, donde simplemente se acumularon sin cumplir el proceso de cremación.
Negligencia con décadas de antecedentes
Vecinos de la zona revelaron que el crematorio operaba las 24 horas con un olor insoportable, y que existían denuncias por irregularidades desde 2020, durante lo más crudo de la pandemia. «Siempre supimos que algo andaba mal, pero nadie hizo caso», declaró un residente que prefirió mantener su anonimato por temor a represalias.
El fiscal general César Jáuregui Moreno confirmó el modus operandi: «La empresa cobraba por servicios que nunca realizó. Recogían los cuerpos, los almacenaban, pero no los cremaban». Aunque el establecimiento contaba con permisos sanitarios, violó múltiples regulaciones al:
- Exceder su capacidad de almacenamiento
- Mantener cadáveres en condiciones inadecuadas
- Incumplir contratos con familias dolientes
Crisis de identificación y justicia pendiente
Las autoridades enfrentan ahora el monumental reto de identificar y devolver los restos a sus familias. El proceso incluye:
- Cotejar cada cuerpo con certificados de defunción
- Rastrear contratos funerarios
- Localizar a familiares en múltiples estados
Hasta el momento, una persona permanece bajo custodia colaborando con la investigación, aunque su identidad y cargo exacto no han sido revelados. La Fiscalía no descarta que más implicados salgan a la luz conforme avance el caso.
Ola de indignación y demandas
El escándalo ha generado una ola de indignación nacional, con familiares de difuntos exigiendo:
- Auditorías a todas las funerarias de la región
- Sanciones penales para los responsables
- Compensaciones económicas por el daño moral
Organizaciones civiles preparan acciones colectivas contra el negocio funerario, mientras legisladores locales prometen reformar la ley para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.
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