Jair FigueroaLa Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió un comunicado para respaldar públicamente al perito forense que realizó la necropsia a Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista asesinada en hechos violentos que conmocionaron a la región norte de la entidad.
La víctima fue privada de la libertad, grabada por sus agresores y posteriormente asesinada. Ante las dudas sobre la versión oficial de la causa de muerte, el dictamen forense ha sido objeto de debate mediático, particularmente en medios locales.
Reafirmación de legalidad y perfil del perito
Según la Fiscalía, el perito médico legista José Eduardo Márquez Nava cuenta con una Evaluación de Control y Confianza vigente, registrada en el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza. Además, posee título, cédula profesional y conocimientos especializados en medicina y patología forense.
“El dictamen fue emitido conforme a los protocolos establecidos y lo previsto en los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señala el comunicado.
La dependencia enfatizó que la preparación académica y profesional del perito garantiza la legalidad y objetividad de los resultados obtenidos.
Revelaciones sobre las lesiones
Durante la conferencia matutina de la gobernadora Rocío Nahle el pasado lunes, el perito José Eduardo Márquez ofreció detalles sobre los hallazgos forenses.
Explicó que se encontraron múltiples lesiones externas en diversas partes del cuerpo de la víctima. Sin embargo, aclaró que el daño más grave se localizó en el corazón, el cual, según los resultados de la necropsia, se infartó.
“La persona fue violentada, es un hecho que no tiene palabras”, declaró Márquez.
Un caso que mantiene la atención pública
La muerte de Irma Hernández Cruz ha generado indignación social en Veracruz y a nivel nacional, no solo por la brutalidad del crimen sino también por las dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Mientras algunos sectores exigen una investigación más profunda, la Fiscalía insiste en que el procedimiento fue riguroso.
Este caso ha elevado la presión sobre la administración estatal y sobre la fiscal Verónica Hernández Giadáns, que ha sido cuestionada previamente por colectivos feministas y defensores de derechos humanos.
Postura de la gobernadora
Aunque Rocío Nahle ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento del caso, su administración ha respaldado la versión oficial proporcionada por la Fiscalía, sin que hasta ahora se contemplen nuevas investigaciones independientes.
Diversas organizaciones sociales, sin embargo, siguen exigiendo una segunda necropsia y acompañamiento de organismos autónomos para garantizar transparencia y justicia para la familia de la víctima.
Clamor por justicia y transparencia
El caso de Irma Hernández Cruz no es aislado. Veracruz figura entre los estados con mayores índices de violencia contra mujeres, y los colectivos han alertado que la impunidad persiste como un patrón en los feminicidios.
La atención ahora se centra en la calidad de las investigaciones, la actuación de las fiscalías y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.
El caso de Irma es también un recordatorio de la urgencia de fortalecer las instituciones forenses en México, garantizar peritajes confiables y combatir la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
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