Jair FigueroaLa fiscal suprema de Perú, Zoraida Ávalos, solicitó este viernes que el Poder Judicial ordene la prisión preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien desde el lunes se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La petición se basa en el presunto incumplimiento de las medidas judiciales que le permitían permanecer en libertad condicional tras ser liberada en septiembre.
Chávez, excolaboradora del expresidente Pedro Castillo, enfrenta un proceso judicial por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022, por el cual la Fiscalía solicita 25 años de prisión por el delito de rebelión.
Fiscalía acusa a Chávez de violar su libertad condicional
De acuerdo con el documento presentado por la fiscal Ávalos, Chávez habría incumplido las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional cuando fue excarcelada en septiembre. Entre ellas figuraban presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y cumplir con controles biométricos semanales.
Según la fiscal, la ex primera ministra no acudió al control biométrico los días 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre, además de ausentarse en cuatro audiencias judiciales del proceso que actualmente se encuentra en la etapa de alegatos finales.
“La comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad”, explicó Ávalos, quien añadió que la prisión preventiva es una medida “útil y adecuada para asegurar la realización del proceso penal y evitar la obstaculización de la verdad”.
El asilo político en México agrava el conflicto diplomático
El lunes, Chávez ingresó a la Embajada de México en Lima y solicitó asilo político al gobierno mexicano, alegando persecución judicial. La Cancillería de Perú confirmó la concesión del asilo y, en respuesta, rompió relaciones diplomáticas con México, acusando al país de interferir en asuntos internos.
La decisión del gobierno mexicano, que históricamente ha ofrecido asilo a figuras políticas perseguidas en América Latina, generó una nueva tensión bilateral. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano calificó el hecho como “una afrenta a la soberanía nacional”.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión, señalando que México tiene una tradición diplomática de protección humanitaria y reiteró que su gobierno “no juzga procesos políticos de otros países”.
Antecedentes: del gabinete de Castillo al asilo en México
Betssy Chávez fue primera ministra de Perú durante el gobierno del izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso. Ambos enfrentan cargos por rebelión y conspiración.
Chávez fue enviada a prisión preventiva en junio de 2023, pero en septiembre de 2025 el Tribunal Constitucional ordenó su liberación, al considerar que su detención había sido “arbitraria” por un error procesal del Ministerio Público. Desde entonces, se encontraba bajo comparecencia restringida.
No obstante, su ingreso a la Embajada de México fue interpretado por la Fiscalía como una violación directa de las medidas judiciales, por lo que la fiscal Ávalos presentó este nuevo pedido de detención preventiva ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Reacciones y proceso judicial en curso
Mientras la Fiscalía espera la resolución del juez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evalúa un informe final que propone inhabilitar a Chávez para ejercer cargos públicos y formular una denuncia constitucional en su contra.
Analistas en Lima consideran que este caso podría marcar un precedente político y judicial, ya que involucra simultáneamente temas de derecho internacional, soberanía y justicia penal.
“El asilo político no elimina los procesos judiciales en curso. Lo que complica este caso es la ruptura diplomática, que podría dificultar una eventual extradición”, señaló el constitucionalista peruano Julio Arbizu en declaraciones a medios locales.
Un nuevo capítulo en la crisis política peruana
La situación de Betssy Chávez se suma a la larga lista de tensiones políticas y judiciales que vive Perú desde la destitución de Pedro Castillo. El caso también ha reavivado el debate sobre la independencia del Poder Judicial y el uso político de la justicia en casos de alto perfil.
Mientras tanto, México ha reiterado que su decisión se basa en razones humanitarias, mientras que Lima insiste en que la ex primera ministra debe responder ante los tribunales peruanos.
El juez Checkley deberá resolver en los próximos días si acepta la solicitud de la Fiscalía y ordena la prisión preventiva de Chávez, quien, al estar bajo protección diplomática mexicana, no puede ser detenida dentro de la sede consular.
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