RedacciónLa Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación penal en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por un presunto delito de peculado por 5 millones de pesos, relacionado con el desvío de subsidios federales destinados a un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz en 2012. La imputación, que se castiga con hasta 14 años de prisión, busca evitar que Duarte recupere su libertad en abril próximo, cuando cumpla la sentencia de 9 años que actualmente purga.
En una audiencia celebrada este lunes ante el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción intentó formular la imputación. Sin embargo, Javier Duarte, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Norte, solicitó al juzgador aplazar la diligencia, argumentando que sus dos abogados defensores principales, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga, se encuentran internados en el Hospital ABC.
El exmandatario estatal explicó ante el tribunal que uno de sus defensores fue intervenido por un tumor en el páncreas y el otro por una infección renal. “No existe impedimento para que se difiera la audiencia como se hizo en dos ocasiones. Solicito que en esta ponderación se pueda privilegiar el derecho a la salud. Desde hace diez años me han venido representando Pablo Campuzano y Gerardo Cout Arteaga”, declaró Duarte, añadiendo: “Yo creo que una defensa adecuada y derecho a la salud no puede estar por encima de esta audiencia”.
Frente a esta solicitud, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez continuar con la diligencia y asignar un defensor de oficio al acusado, señalando que en dos ocasiones previas la audiencia ya había sido pospuesta, una de ellas porque uno de los abogados se encontraba en un curso en el extranjero. Además, el representante del Ministerio Público destacó que Jimena Paola Martínez también está acreditada como representante legal de Duarte y pudo haber asumido la defensa, pero no se presentó a la audiencia de este lunes.
“Consideramos que son tácticas dilatorias para no llevar a cabo la audiencia. Que se le asigne un defensor público”, demandó el fiscal Cobos Castillo.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor consultó la opinión de Raúl Solorio Delgado, quien se presentó como asesor jurídico del exgobernador. Solorio se limitó a responder: “Proceda conforme a derecho”. Ante esto, el juzgador recordó que la primera audiencia estaba programada para el 27 de noviembre de 2025 y en esa ocasión no compareció ni Duarte ni su defensa. En enero, se presentó un escrito alegando que el acusado tenía covid, hipertensión arterial y que su abogado estaba en el extranjero.
“¿Qué veo de intentar diferir? Que sus acciones tienen tácticas dilatorias. No podemos seguir dilatando esta audiencia por más tiempo. Le nombro y asigno un defensor público”, declaró el juez, sentenciando: “… si no vienen para el jueves lo va a defender un defensor público para colaborar con su defensa”.
Debido a esto, la diligencia de imputación fue reprogramada para el próximo jueves 12 de febrero de 2026. En esa fecha, la FGR podrá formalmente acusar a Javier Duarte por el presunto desvío de 5 millones de pesos de subsidios federales destinados a personas con discapacidad, un delito de peculado que, de resultar en una condena adicional, prolongaría su estancia en prisión más allá de la fecha de liberación prevista.
Este nuevo proceso se suma al historial legal del exgobernador, quien el pasado 21 de noviembre de 2025 vio rechazada una solicitud de libertad anticipada por la jueza federal Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte. La magistrada determinó que Duarte “no reunía la totalidad de los requisitos” establecidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, negando así el beneficio.
Javier Duarte de Ochoa fue capturado en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México. Actualmente cumple una sentencia de 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su liberación está programada para el 15 de abril de 2026, tras cumplir íntegramente su condena. La nueva acusación de la FGR representa un obstáculo legal que podría retrasar o incluso evitar esa salida.
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