RedacciónLa crisis humanitaria en el sur de Sinaloa se agravó este lunes con la confirmación de que cuatro de los diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, secuestrados el 23 de enero, fueron identificados sin vida tras ser hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, a unos 40 kilómetros del lugar de su desaparición. La Fiscalía General de la República (FGR) había informado el viernes sobre el hallazgo de restos, pero la identidad de las víctimas se dio a conocer hasta hoy mediante la confirmación de sus familiares y colegas.
Los ingenieros mineros identificados son: Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández y Jesús Antonio de la O Valdez. La familia de De la O Valdez confirmó directamente la identificación este lunes. Los nombres de los tres primeros fueron ratificados públicamente en un posicionamiento conjunto emitido el 9 de febrero por 11 organizaciones del sector minero nacional, incluyendo cámaras, colegios y clústeres estatales.
En el comunicado, el sector minero unificado fijó una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones. “Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, se lee en el texto. Además, exigieron que “la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de nuestros compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa, con sus familias, donde pertenecen”.
Los otros seis trabajadores cuyo paradero se desconoce son: Antonio Jiménez, Javier Vargas, Antonio Esparza, Javier Valdez, Saúl Ochoa y Miguel Tapia. Las autoridades de Sinaloa reconocieron el caso públicamente a partir del 28 de enero, cinco días después del secuestro, cuando comenzaron a difundirse las fichas de búsqueda de los desaparecidos.
Desde Vancouver, Canadá, la compañía Vizsla Silver Corp. emitió un comunicado confirmando que fue notificada por familiares de que sus colegas “han sido encontrados sin vida”. La empresa aclaró que aún espera confirmación formal por parte de las autoridades mexicanas y que proporcionará actualizaciones conforme avance el proceso oficial. Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la minera, afirmó: “Estamos devastados por este desenlace y la trágica pérdida de vidas”, y expresó sus condolencias a las familias, amistades y a la comunidad de Concordia. Konnert aseguró que la prioridad continúa siendo la localización con vida de los trabajadores que permanecen desaparecidos.
El municipio de Concordia, en el sur de Sinaloa, es una región históricamente vinculada a la minería, con yacimientos de plata, oro, plomo y zinc. Sin embargo, en la última década se ha convertido en escenario de disputas armadas, desplazamientos forzados y presencia de grupos criminales. Huascar Peña Inzunza, representante de los pequeños mineros de Sinaloa, contrastó la situación actual con el pasado: “Antes, cuando yo era el director de minería del Gobierno del Estado de 1993 a 1998 podías andar por la sierra en short y en huarache… Nadie molestaba. Eso cambió al cambiar la violencia consentida generalizada que ha patrocinado prácticamente los dos últimos gobiernos… Estos maleantes dominan todo lo que es el área de sierra. Y no quieren testigos”.
La desaparición de los trabajadores ocurrió en el campamento del proyecto minero Pánuco, propiedad de Vizsla Silver en Concordia. Tras el hecho, se desplegó un masivo operativo federal con más de 1,000 elementos militares y policiales en la zona serrana. Los cateos condujeron al hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, donde se localizaron los primeros restos. La FGR también informó la semana pasada sobre la detención de cuatro personas como resultado de las investigaciones, aunque no ha proporcionado detalles sobre su posible vinculación con el crimen organizado o los motivos del secuestro.
La identificación de las cuatro víctimas marca un punto dolorosamente crítico en la investigación, pero deja en incertidumbre absoluta a las familias de los seis mineros restantes. La presión sobre las autoridades para obtener resultados y la exigencia de justicia por parte del sector minero y la sociedad civil continúan aumentando en uno de los casos de desaparición forzada más graves relacionados con la industria extractiva en los últimos años.
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